Castells: "Soy un preso político"

Sin poder contener el llanto, el líder piquetero proclamó ayer su inocencia en la audiencia técnica desarrollada ante el tribunal de la Cámara del Crimen número 1 de Resistencia, en la que su defensa rechazó la imputación de extorsión que pesa sobre el detenido por la toma de un casino de esa ciudad el 16 de julio último.

Con su salud visiblemente debilitada y cumpliendo en la víspera su día número 33 en huelga de hambre, el tribunal de tres miembros lo autorizó a hablar y entonces aprovechó cada segundo para proclamar su inocencia y su carácter de «preso político».

Los desocupados «fuimos (al casino Gala) sobre todo acompañados por campesinos que habían sembrado algodón y que se quedaron sin nada por la sequía que hubo este año en esta parte del país», dijo Castells y enseguida rompió en llanto.

Había arribado al tribunal enfundado en su clásico poncho rojo, en una ambulancia que lo trasladó desde el hospital Perrando.

Al llegar, fue llevado en silla de ruedas para presenciar la audiencia técnica con sus abogados.

Su esposa, Nina Peloso, y varios centenares de militantes del MIJD lo acompañaron en esta gestión judicial que técnicamente es un recurso de oposición presentado por la defensa que ya fuera rechazado en una instancia inferior.

El tribunal analizará -se cree que no demorará más de una semana, habida cuenta del frágil estado de salud del imputado- si hace lugar o no al reclamo de los letrados.

Los mismos alegaron en la audiencia que el apoderado del casino Gala ofreció dinero (fueron 11 mil pesos) en lugar de alimentos a los piqueteros.

«La idea de entregar dinero en efectivo, en vez de alimentos a los desocupados, no partió del señor Castells ni de ninguno de los visitantes, sino del apoderado del casino, quien al explicar que no tenían víveres suficientes en el lugar propuso: cuantifiquen en dinero la mercadería que necesitan, así nosotros les damos la suma y ustedes compran lo que necesitan», aseveró uno de los abogados defensores.

Destacaron además que «no están acreditados los hechos delictivos supuestamente cometidos por los desocupados que ingresaron pacíficamente al casino» Gala.

En la tónica de su defendido, los abogados dijeron que los cargos contra Castells «forman parte de las especulaciones de la funcionaria judicial, al dejar por sentado que las autoridades del casino imaginaron que los desocupados que habían ido a pedir comida actuarían con violencia, destrozando las instalaciones si no satisfacían su pedido de alimentos».

Castells juró que saldrá de la prisión libre «o en un cajón» y si su salud llegara a deteriorarse pese a que es un hombre de buena contextura, su caso se convertiría en un escándalo.

Es difícil probar que el líder piquetero fue detenido por decisión política, sea el gobierno del Chaco o el nacional, pero sin duda es que en el oficialismo se vio con más que simpatías la orden judicial.

Los actos que protagonizó Castells eran, para las autoridades, de «provocación».

El resto del universo piquetero no lo quiere como su líder, ni están de acuerdo con sus métodos de acción.

Incluso los conocidos como los «duros».

De todas maneras hoy, a pesar del sábado, un amplio espectro de organizaciones piqueteras y de izquierda manifestarán demandando su liberación.

No sólo la del dirigente del MIJD, sino cerca de 4.600 de militantes sociales y sindicales que están enredados en tribunales desde hace años y para los que se reclamará una ley de desprocesamiento.

Hoy se cumplirán tres meses de los hechos violentos ocurridos frente a la Legislatura porteña cuando se debatían reformas regresivas al Código de Convivencia.

Dentro de la metodología tradicional, varios centenares de personas fueron a protestar pero sea por infiltración de los servicios secretos o dislate político, lo real es que se armó un aquelarre que, al ser visto en vivo y en directo por la TV, causó conmoción y aisló al movimiento social.

Desde esa jornada «negra» viró la postura del gobierno nacional frente a las protestas.

Las calles están pobladas de policías cuando se realizan manifestaciones y se le pone límites: nada de corte de calles o rutas, no se permite ocupar puentes ni acercarse a los edificios públicos.

De esa jornada penosa, 15 personas están procesadas por delitos que les auguran, en caso de probarse su participación en los hechos en un juicio oral, condenas de larga duración.

Pero están presos también 9 trabajadores que participaron de una ocupación en un campo petrolero de la provincia de Santa Cruz, y en la misma situación están 7 militantes del grupo Quebracho y otros que protagonizaron actos de resonancia cuando estuvo aquí semanas atrás el titular del FMI, Rodrigo de Rato. *