Languidece el movimiento piquetero en Argentina

Kirchner convierte deuda en alegría

Néstor Kirchner jamás quiso una solución jacobina, como sería la de haber puesto en discusión cuál es la deuda externa legítima y cuál no. Pero de concretarse una quita del 75% o aún de entre 65 y 70%, se verificaría la poda más enorme en la historia mundial de estas negociaciones.

En plata, solamente para intereses deberán destinarse cerca de 5 mil millones de dólares anuales, ese famoso 3% actual de superávit del PBI, que es el pago para regresar al mundo, como definen los ortodoxos el apuro para que se finiquite la aceptación de los nuevos bonos con el más de centenar que andan por varios grandes países pero defaulteados.

Hay que acabar con la falacia: en estos tiempos de infierno económico y social que ha comenzado a revertirse, la Argentina tiene actualmente una tasa de inversión del 18,5% interanual, alcanzando virtualmente el nivel de los años buenos de la convertibilidad y el comercio exterior ronda los 60 mil millones de dólares, sus reservas son un tercio de esa suma: nadie es paria internacional con esos datos.

Volvamos al acuerdo con las AFJP. Se asegura que sus afiliados cuando se jubilen, sobre todo los que hoy están en las puertas de hacerlo, no sufrirán podas. El poder adquisitivo en pesos podría ser mayor. Sin embargo, el enfoque deja de lado que de 9,5 millones de aportantes teóricos al sistema privado de jubilaciones, sólo la mitad hace sus depósitos sea porque está desocupado, trabaja en negro o como independiente, no está en condiciones de aportar. Tienen ante sí un futuro ominoso.

En el gobierno hay opiniones distintas sobre si se volverá al sistema de reparto porque temprano o tarde, el Estado deberá hacerse cargo de los ancianos desvalidos por el privado. La retórica oficial afirma que se avanzará en modificar el actual régimen privado, por caso, reducir las comisiones que son de agio: a raíz de ellas, mensualmente los aportantes pierden el 40% de su contribución.

¿Cambios en el sistema previsional?

La negociación hizo como que no existiera el propósito de estatizar o modificar el sistema privado de jubilaciones. Para algunos analistas, de hecho lo ocurrido lo ratificó, más allá de los cambios que se introduzcan. Otros suponen que ahora se abre una etapa para la reflexión final.

De la gran negociación por los bonos en dafault, el concretado con los que tienen las AFJP fue el más sencillo ya que el gobierno tenía en sus manos la carta de cambiar el sistema. Acaso la jugada fue un quid pro quo: aceptación privada al canje a cambio de que el sistema actual se mantenga.

De todas maneras, es una buena señal para avanzar en un canje dentro de los parámetros de la propuesta argentina. Si es cierto que la montaña (los bonistas) va a Mohamed (Argentina) es porque los tenedores de bonos ven que es el momento de hacer diferencias interesantes y tironeo más, tironeo menos, acaso el 65/ 70% de ellos, acepte el canje: es lo que espera el gobierno pese a que sostenga que no hay piso. El FMI reclama que sea un 80% para que reconozcan la operación; siempre habrá litigantes.

La insistencia del Fondo tiene visos de coacción, aunque con un arreglo de deuda su peso caerá: en la agenda de sus demandas están puntos bravos como el futuro Sistema Regulador de las empresas de servicios privatizadas y si el petróleo estará bajo control. Ya iremos a los hidrocarburos. Antes hay dos puntos importantes. Primero: aunque unos cien mil millones de dólares de deuda (si se computan intereses) no es moco de pavo y un default para siempre tendría sus efectos, la economía Argentina es marginal y si tanto importa al G7 que la quita sea menor a la que se aspira aquí es para que no cunda el ejemplo en el futuro.

Y segundo es el rédito político que logra Kirchner. En el discurso de sus adláteres, la negociación de deuda soberana ha sido firme y no comprometerá una libra de la carne de los argentinos. Sin duda, continúa la deuda interna con la mayoría. Es la agenda inmediata.

Empresa petrolera ¿estatal?

La Cámara de Diputados introdujo cambios en la ley que crea la Empresa Nacional de Energía (Enarsa), que será Sociedad Anónima, no del Estado como reclamó sobre todo la izquierda pero se introdujeron modificaciones al proyecto que había engendrado el Senado: garantizar la mayoría accionaria estatal, no obstante que la empresa cotizará en Bolsa.

Además, se fijaron normas de control más estrictas. Las originales dejaban dudas inmensas sobre si la empresa no serviría para ocultar negocios ilegales y no como se dice, que Enarsa será un instrumento para ir recuperando el control de la renta petrolera.

Kirchner había prometido una empresa estatal testigo, pero que no renacionalizaría el petróleo. Lo que se hace, va a contramano del estatismo de petrolero de Brasil, México, Bolivia y Venezuela, países con economía de mercado. Curiosamente, dos empresas estatales, Repsol y Petrobras, son los protagonistas de una privatización que dejó al Estado sin herramientas incluso para acceder a información de cualquier tipo en este sensible sector.

El discurso oficial sostiene que Enarsa no tiene solo vocación de testigo sino de empresa pública, con capitales privados pero control estatal en un 65%. Insisten que el objetivo es obtener una parte de la renta petrolera hoy en manos privadas y anuncia que el negocio no quedará a la deriva, que será, como el conjunto de los servicios públicos, regulado. Será uno de los grandes asuntos del debate que se viene.

Para el gobierno se trata de una «oportunidad histórica» para recuperar el rol del Estado, precisamente en un mercado donde el dato central es el oligopolio y donde la ausencia de un planeamiento estratégico y de largo plazo desembocó en falta de inversión y problemas de abastecimiento.

Corregir abusos del modelo

Las modificaciones introducidas sumaron el apoyo de independientes y transversales al proyecto, pero la izquierda, la UCR y el ARI, aunque sea con argumentos estatistas, se unieron en contra con la derecha antiestatista.

En principio la creación de la empresa testigo con garantías mínimas sobre su propiedad estatal y control público significó un cambio en la voluntad política inicial del gobierno y permitirán acuerdos estratégicos regionales, por ejemplo con Pdvsa en Petrosur.

Lo que realmente valdrá de Enarsa será su capacidad de «ejercer la titularidad de los permisos de exploración» de recursos off shore (grandes plataformas marítimas hasta las 200 millas) y también su «poder concedente» de las áreas de exploración remanentes.

El Presidente no aceptó que la empresa nacional de energía sea una «sociedad de Estado». ¿Subsiste el prejuicio sobre la ineficiencia estatal para producir olvidándose que los grandes emprendimientos y obras de infraestructura (caminos, usinas, puertos, yacimientos, gasoductos, etc.) fueron realizados con la dirección del Estado y el financiamiento nacional?

El modelo de conversión de las empresas del Estado en sociedades anónimas fue el camino para privatizarlas como sucedió con el petróleo, el gas, la luz, los teléfonos, etc., y las acciones de YPF que detentaba el Estado nacional fueron a remate. El país pagó muy caro la privatización: los hidrocarburos aportaban al Tesoro Nacional y desde 1990 perdió unos 100.000 millones que es el volumen de la deuda externa.

Por ahora, el gobierno corrige abusos del modelo neoliberal pero sigue en algunos aspectos su lógica. Cuando a Enarsa se la vea andar se sabrá si es una bisagra hacia un proyecto nacional democratizador.

Por eso la discusión si sociedad anónima o del Estado no se reducía a su forma jurídica. El tema es la recuperación de la renta petr
olera y la propiedad de los recursos energéticos nacionales. Y eso no quedó claro.

El drama del movimiento social

La decadencia del movimiento piquetero es ostensible, aunque esta semana habrá un esfuerzo por mostrar vitalidad en las calles. Lástima: una de las expresiones que surgieron de la sociedad, como en el 2001 nacieron las Asambleas Barriales, languidece. Y en grado importante ello es así por el sectarismo o impotencia de la izquierda histórica.

Un sector de esa veta, leyó la caída de Fernando de la Rúa como fruto de un momento prerrevolucionario y con ese enfoque bajó línea en las expresiones que surgieron concretando la consigna de que «se vayan todos». La propuesta socialista no era la de las capas medias ni de los trabajadores. Ese universo, en medio de la debacle económica, cumplió una gran función de contención y organización, durante el gobierno de Eduardo Duhalde donde se pergeño un asistencialismo de masas y le dio a la izquierda el manejo de un cachito del dinero asignado.

El Presidente buscó un diálogo temprano con las diversas vertientes piqueteras buscando desarmar la bomba social y política. El «efecto Kirchner» logró su quiebre atrayendo a su campo a algunos de los líderes y sedujo a otros con aquello que te doy algo a cambio fue aislando a los confrontativos o «duros».

Por meses aceptó, más bien aguardando el momento, el desafío de los cortes de calles y rutas sin solución de continuidad, realidad que fue ampliando la brecha entre los piqueteros y las capas medias. Llegada la ocasión, importa poco si adrede o no, cuando se produjeron hechos violentos, el Presidente cambió la contemplación con una plétora de policías en las calles y el uso del Código Penal.

Que haya ahora presos con perspectivas de larga cárcel, es un factor disuasivo que incide en la menor participación de desocupados en las ultimas movilizaciones y crecientemente el destino de uno de los líderes, Raúl Castells, preso en el Chaco y en huelga de hambre, es la indiferencia.

Moraleja apresurada: la izquierda ha mostrado su incapacidad y se gana con el sudor de su frente el mote de «vieja», tan antigua como la derecha clásica. Que cosa: esta sociedad no es capaz de recrear una nueva izquierda, pero tampoco una derecha civilizada. Y así, Kirchner, una transición hacia no se sabe donde, es, a pesar de aprontes setentistas, «el moderno». *

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