Justicia argentina condena a 12 años a represor chileno

El ex integrante de la DINA, el servicio de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973/90), fue condenado por un tribunal oral federal por el delito de secuestro, cuya pena máxima es de 15 años, pero aún tiene la posibilidad de apelar ante la Cámara de Casación.

La fecha del veredicto tuvo un alto contenido simbólico porque coincidió con el 30 aniversario del asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires y por el cual Arancibia Clavel fue condenado a cadena perpetua en noviembre de 2000. La pena impuesta ayer jueves no tendrá efectos prácticos ya que será absorbida por la cadena perpetua, que es el máximo castigo contemplado en la legislación argentina y que tiene una duración de 25 años.

La defensa del ex agente pinochetista podrá apelar la sentencia a la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, inmediatamente inferior a la Corte Suprema.

Laura Elgueta Díaz, por entonces de 18 años, y su cuñada Sonia Díaz Ureta, que tenía 21, fueron secuestradas por agentes de la DINA el 12 de julio de 1977 y llevadas al centro clandestino de detención conocido como «Club Atlético» que funcionaba a unas 12 cuadras de la Casa de Gobierno.

Ambas fueron torturadas y dejadas en libertad a la mañana siguiente con la condición de que abandonaran el país y no retornaran a Chile, por lo que ambas se marcharon a México, donde aún sigue radicada Díaz Ureta.

Elgueta Díaz inició la causa cuando en 1996 reconoció en una revista de actualidad a Arancibia Clavel como uno de los agentes chilenos que la habían secuestrado del departamento de sus padres.

«Este fallo fue muy simbólico. Después de 30 años hacemos justicia y este acto de justicia se lo dedico a mi hermano (que está desaparecido), a los desaparecidos de Chile y a Carlos Prats y a su señora esposa», dijo Elgueta Díaz a la AFP.

Agregó que está «agradecida a la Justicia argentina por este fallo ejemplar y podemos ver que la justicia sí da algo de reparación» a los crímenes de lesa humanidad.

«Nuestro secuestro fue algo impactante porque a los 18 años fui torturada por chilenos en Argentina. Lamentablemente fuimos muy pocos los sobrevivientes» de los 1.800 detenidos que, según sus cálculos, pasaron por el «Club Atlético».

Por su parte, la abogada querellante Alcira Ríos, representante legal de la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que «no hemos venido a buscar venganza, sino verdad y justicia y las hemos obtenido. Creo que la fiscal (María Graciela Fernández) y el tribunal han actuado en forma excelente».

Arancibia Clavel, quien vestido de manera informal evitó mirar de frente a la querella, dijo «soy absolutamente inocente de los cargos que me imputan», al pronunciar por la mañana las últimas palabras, un trámite legal en los juicios públicos.

Elgueta Díaz, de 46 años, retornará el viernes a Santiago donde se desempeña como comunicadora social de la subsecretaría de Energía de Chile. *