Proceso contra seis sindicalistas

A «los seis de Neuquén» se los que se acusa de provocar destrozos en la sede de la petrolera española Repsol y en la casa de una alta funcionaria del sistema educativo, durante una marcha de repudio por la muerte de la docente Silvia Roggetti, el 9 de junio de 2000. Los responsables de la muerte nunca fueron identificados, pero los que un juzgado considera «cabecillas» de la protesta sí.

Los imputados son todos dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Cutral Co y Zapala. Están acusados de graves delitos, como «agrupación para la coerción ideológica, daño agravado reiterado, violación de domicilio e incendio». Las penas pueden llegar a los cinco años.

Todo pasó ese día de junio cuando se realizaba una pacífica masiva marcha en Neuquén en contra de la prórroga de la concesión del yacimiento de gas Loma La Lata a beneficio de Repsol.

Durante la demostración los manifestantes se enteraron de la muerte de la profesora de educación física de Silvia Roggetti y se desató el caos. Las causas de ese fallecimiento fueron la falta de seguridad en la escuela donde ejercía y que la docente había advertido a las autoridades sobre sus peligros. La indignación de sus compañeros se tradujo en destrozos en la casa de la «sorda» funcionaria.

No es el de «los seis de Neuquén» el primer caso de judicialización. En la Corte Suprema está planteado un recurso por la condena contra una maestra también de esa provincia que fue condenada con penas en suspenso, por haber participado del corte de una ruta como parte de una movilización reivindicativa.

Son cerca de 4.000 los trabajadores, activos o desocupados, que están bajo la amenaza de ser procesados por los mismos «delitos».

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) por eso concretó ayer una jornada nacional de lucha contra la criminalización y judicialización de la protesta social. Hubo actos y marchas en distintas ciudades de todo el país donde además participaron organizaciones defensoras de los derechos humanos, sociales y políticos bajo la consigna «Para que haya justicia: desprocesamiento ya».

Miles de casos

La marcha central se concretó frente a la sede de la casa de la provincia de Neuquén en esta ciudad, que avanzó más tarde hasta la Secretaría de Derechos Humanos.

El presidente Néstor Kirchner se había comprometido poco después que asumiera su cargo el 25 de mayo de 2004, que analizará la manera de desprocesar a esos miles de luchadores. Pero no se avanzó un ápice en esa dirección en gran parte porque podría ser útil para negociar con los sectores piqueteros, los de mayor confrontación especialmente, mesura en sus movilizaciones.

Por lo que sea, la tendencia ha ido en los últimos meses en favor de mayores puniciones. Incluso en la Capital Federal con el nuevo Código de Convivencia se han incluido normas restrictivas para las expresiones de protesta en la calle que contemplan multas para quienes participen de demostraciones no autorizadas.

Aunque la mayoría de las organizaciones piqueteras y sociales no gustan de los métodos que lleva a cabo Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, reclaman que se lo deje en libertad.

Castells está detenido hace un mes aguardando que se lo procese por supuesta extorsión cuando ocupó el Casino de Resistencia para demandar ayuda para los desocupados. Un fiscal ha dictado que no hubo delito, pero la juez de la causa dice que sí y quiere procesarlo. Castells realiza una huelga de hambre.

Y se aguarda el juicio oral contra 15 militantes de diversos sectores detenidos dos meses atrás frente a la Legislatura porteña cuando se discutía el Código de Convivencia.

Hubo ese días ataques contra el edificio legislativo, con muchos daños, pero los letrados de los detenidos lo atribuyen a provocadores. «Nuestros defendidos sólo fueron a gritar, no a incendiar», afirman. *