La Corte Suprema frena plan del gobierno del presidente Kirchner

De esto último hay consenso en el amplio espacio político, sobre todo en los fuertes cuestionadores sobre falta de respeto a las instituciones que tienen como voceros de fuste a la líder del ARI, Elisa Carrió y al del centro derecha Recrear, Ricardo López Murphy.

Este dirigente insiste en articular una gran coalición, más allá de los avatares electorales, «para poner freno al deterioro institucional».

No es lo que ocurre con el más alto tribunal modificado en lo sustancial por impulso precisamente de Kirchner. Y las nuevas designaciones de los supremos relevados o renunciados, se practicó con normas que permitieron una intensa participación de las ONG, académicos, y otras entidades o personas.

¿Independencia? Pues sí con la acordada volteando el programa electoral que el interventor en la provincia de Santiago del Estero pensaba convocar a una constituyente que debe formular una nueva carta fundamental a contramano de la actual que ha sido funcional al clan del peronista Carlos Juárez, con medio siglo de dominio en ese lugar del noroeste argentino.

El interventor es un famoso fiscal que denunció a la llamada «Mafia del Oro», Pablo Lanusse, quien pergeñó una constituyente convocada por decreto que para la Corte es un camino inconstitucional. Solo lo puede hacer la Legislatura, que está disuelta desde que se aplica el remedio federal sobre la provincia sometida al clan Juárez, Carlos y su esposa Nina, ambos vueltos a detener por asuntos pesados y por orden judicial.

Nada es sencillo. Los partidarios del matrimonio impidieron ayer que el juzgado les pudiera entregar a los Juárez la orden de detención.

Para el Gobierno nacional, la decisión de la Corte es un duro golpe y hay que ver si del sacudón zafa Lanusse. Este no pudo evitar la división del peronismo, no puede dar garantías de victoria electoral y sobre todo política para los que empujan nacionalmente los vientos de Kirchner.

Hay mucha tela para cortar puesto que ayer 45 mil almas vivaron a Lanusse y reclamaron que se convoque a la convención constituyente. Luego de la medida cautelar de la Suprema Corte, acaso sean los tribunales de Santiago los que decidan si el interventor puede o no convocar a esos comicios.

 

Desarme de la legislación antiobrera

Acaso más importante ha sido otra acordada que enfila sobre los cimientos de una legislación anti obrera que se construyó desde los 90 para acá. Hace poco un fallo golpeó fuertemente a la Ley sobre flexibilización laboral donde señaló que «no es el mercado el que somete al hombre a sus reglas, sino que el mercado debe adaptarse a los moldes constitucionales». En esa ocasión, demolió los topes a las indemnizaciones por despidos.

Con la misma melodía, ahora golpeó duramente el régimen sobre indemnizaciones por accidentes. Las cosas que dicen los supremos atragantan a los ortodoxos y si no veamos. «La ley de riesgos de trabajo es un retroceso legislativo en el marco de la protección del trabajador», viola «la justicia social» y la «dignidad humana», han dicho los supremos.

Más aún: escribieron que «el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos y que «resulta inconstitucional una indemnización que no fuera justa y exime de todo daño» al trabajador.

«Si una persona a la que se le expropia su propiedad  cuando está involucrada en una cuestión de utilidad pública  tiene derecho a una indemnización integral, mucho más lo tiene el trabajador» ya que la norma vigente y ahora cuestionada «se aparta de la concepción reparadora del régimen integral, pues no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad del trabajador de generar ganancias» hasta que cese la incapacidad que lo afecta. Son juicios audaces luego del huracán menemista de la década pasada.

Por lo tanto, sostiene, «no se requiere un mayor esfuerzo de reflexión para advertir que la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT), al excluir la indemnización integral, no se adecua a los lineamientos constitucionales».

Y, para que no quepa lugar a dudas, trata de demostrar que la LRT no sólo es contraria a la Constitución, sino también a muchos tratados internacionales de derechos humanos.

Hay griterío infernal en las organizaciones empresarias porque sostienen que crecerá el costo laboral y se volverá a impulsar la industria de los juicios por accidentes, pero los abogados laboralistas así como la CGT y la Central de Trabajadores Argentinos, han saludado lo dispuesto por la Corte. Interesante. *