Argentina debate: el difícil diálogo entre gobierno-piqueteros

Con ese trasfondo se reanudó el diálogo entre autoridades al menos con dos de las agrupaciones de desocupados consideradas «duras». Sin embargo otras que asumen también esa calificación miraron con desconfianza ese paso. Dicen que así corren el peligro de ser cooptadas, como ya ocurrió con otros sectores.

En concreto, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que reconoce para sus dirigentes influencias del maoísta Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), Aníbal Verón, de tendencia autogestionaria, lograron que el gobierno se comprometiera a que se integre una comisión investigadora de los crímenes de dos jóvenes piqueteros en la tristemente famosa represión policial en el Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002.

Aunque están detenidos y bajo proceso judicial los autores materiales, la demanda es indagar las responsabilidades políticas. Tan conmocionante fue lo ocurrido ese día que el gobierno de entonces presidido por Eduardo Duhalde debió anticipar el cronograma electoral en medio año.

Menudo problema para Néstor Kirchner, ya que el caso afecta a su aliado conflictivo, Duhalde, al responsable de la Seguridad, Juan José Alvarez, un importante dirigente del peronismo bonaerense y al entonces (y actual) gobernador de la mayor de las provincias, Felipe Solá.

Hay todavía puntos sin esclarecer sobre los recursos y alcances que tendrá esta comisión que, por otro lado, alguna vez Kirchner prometio integrarla y no lo hizo. Al igual que prometió adoptar medidas para desprocesar a miles de luchadores sociales con problemas con los tribunales y no cumplió.

La negociación tuvo su miga. Se estaba haciendo un corte del famoso puente pero con la peculiaridad de que el paso no quedó totalmente bloqueado. Fue leído, en el gobierno, como un gesto, que ya la protesta no buscaba dislocar el tránsito, al menos con la magnitud de otras movilizaciones.

Autocrítica piquetera, pero no todos

El líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, explicó a una radio este replanteo de las metodologías de protesta. «Reconocimos que nos venimos equivocando y por ello tenemos que dar mensajes claros a la sociedad y frente al gobierno», dijo «valió la pena juntarnos con los compañeros de (la agrupación) Aníbal Verón para analizar la situación. Nosotros mismos tenemos que aprender a cambiar alguna metodología para no perjudicar a terceros», enfatizó Alderete en referencia al Movimiento de Trabajadores Desocupados, con quienes protagonizó el mencionado corte parcial sobre el puente Pueyrredón, donde dejaron un carril libre, para facilitar el acceso a la capital.

Esa variante en la modalidad de la protesta, su interrupción antes de lo previsto y la suspensión del plan de lucha anunciado para la semana que viene ocurrió luego de que los líderes de las agrupaciones fueran recibidos el pasado lunes por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en la Casa de Gobierno.

El referente de la CCC señaló su voluntad de «retomar» el diálogo con la Casa Rosada y sostuvo que su grupo decidió poner un «paréntesis» en las manifestaciones callejeras, a la espera de «ver si el gobierno cumple con lo prometido», como el impulso de una comisión investigadora de las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y la restitución de subsidios sociales dados de baja.

«La autocrítica nos indica que tenemos que escuchar mucho más a la sociedad y a la gente de nuestros propios barrios. Todas las agrupaciones están analizando esto y se dan cuenta de que nos estamos echando a la sociedad en contra», destacó Alderete.

Lo dicho no excluye que sigan las movilizaciones. Por caso la CCC marchó con trabajadores de fábricas recuperadas por distintos puntos porteños para reclamar una ley que otorgue la titularidad de la propiedad de las empresas a las cooperativas de trabajadores que las comandan y para pedir la liberación de los militantes sociales detenidos.

Precisamente por este último punto, ayer la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos con prisión preventiva de los 15 detenidos por los disturbios en la Legislativa porteña ocurridos el 16 de julio último.

Los detenidos quedaron así a las puertas del juicio oral y público por los delitos de «coacción agravada, privación ilegal de la libertad agravada y daño calificado». Los camaristas resaltaron que «el derecho a peticionar no puede conllevar la quema de edificios públicos». *