El Tratado de Inversión EEUU-Uruguay

En secreto se ha firmado un Tratado Bilateral de Inversión Estados Unidos-Uruguay (BIT) el martes 7 en Washington, entre el ministro de Economía Isaac Alfie y el representante comercial estadounidense Robert B. Zoellick. No ha habido comunicación oficial al respecto, y se pretende lograr la aprobación legislativa, a las apuradas, en octubre (cuando el Parlamento está en receso, desde el 15 de setiembre). Con el agravante de que el texto no se conoce. Las informaciones de que disponemos provienen de la embajada de EEUU en Montevideo y del periódico The Miami Herald.

Hacia un tratado bilateral

Una nota de Néstor Ikeda, de AP, publicada en dicho diario, dice citando a Alfie  que signó el documento conjuntamente con Zoellick  que el acuerdo es «un capítulo hacia un tratado de libre comercio» entre Estados Unidos y Uruguay. Visiblemente, esto apunta contra el Mercosur. Alfie se atajó diciendo que en el Mercosur, «Uruguay por ser el más pequeño precisa más que los demás países de una apertura al mundo, y eso se está haciendo no para ir contra nadie», pero es evidente que va en el sentido de reforzar el bilateralismo con EEUU en una orientación contrapuesta a la que sustenta al Mercosur.

Por su parte, la comunicación dada a conocer por la embajada de los EEUU el viernes 10 señala: «El acuerdo habrá de fortalecer los lazos en materia de inversiones y comercio entre los dos países y conducirá a una mejor protección para las inversiones norteamericanas en la nación sudamericana». A renglón seguido refuerza el concepto en los siguientes términos: «Este acuerdo va a profundizar nuestras relaciones económicas con Uruguay y a fortalecer la protección para los inversores estadounidenses». No hay duda de que la idea dominante es otorgar las máximas seguridades al inversor de esa procedencia.

El país ya cuenta con una Ley de Inversiones Extranjeras que otorga un trato igualitario a los inversionistas nacionales y extranjeros. En este cuadro, el economista Carlos Viera, en un artículo que abre amplio campo a la reflexión («¿De qué estamos hablando?», LA REPUBLICA del sábado 11) formula estas dos preguntas básicas: «Se ha dicho que se busca dar más certezas a los inversores de los EEUU, asegurándoles que las reglas de juego no cambien (¿se refiere a la actual política económica?) y otorgándoles más garantías para que puedan reclamar en caso de sentirse discriminados (¿se refiere a dirimir contiendas en los tribunales del país del inversor?)».

Máximas seguridades para inversionistas extranjeros

Para que no quepa ninguna duda, en la ceremonia de la firma se hizo presente el subsecretario de Estado (vicecanciller) Alan P. Larson, quien declaró: «Este acuerdo va a complementar y reforzar las significativas reformas económicas ya puestas en marcha por Uruguay» (o sea que hay un respaldo expreso a la política económica del gobierno) y reiteró que el mismo «proporcionará mayor confianza a los inversores de EEUU… y Uruguay».

Esto se vincula a lo sucedido con el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que fue propuesto por EEUU y concitó un enorme rechazo tanto de parte de gobiernos como de organizaciones sociales a nivel mundial, lo que determinó su rechazo. No sería de extrañar (más bien todo lo contrario) que EEUU procure ahora viabilizar estas disposiciones mediante acuerdos bilaterales, país por país. Disposiciones análogas se encuentran en el proyecto del ALCA, por ejemplo en lo relativo a la privatización de la educación, sustrayéndola de la órbita de los estados. Todo esto está en juego en el tratado bilateral de inversiones que ahora sacan de la galera. Viera escribe: «Esperamos que lo firmado no sea una mera copia del capítulo del proyecto ALCA, donde se incorporaban este tipo de disposiciones, que fueran rechazadas en la OMC».

Al respecto hablan los antecedentes. Luego de la visita del presidente a Batlle a Washington y su entrevista con su homólogo Bush en febrero 2002, se estableció una Comisión conjunta sobre el tema de comercio e inversiones. Y fue precisamente en el entorno de las negociaciones sobre el ALCA finalizadas en Miami el 18 de noviembre 2003 que los dos países anunciaron su decisión de negociar el tratado bilateral de inversiones. Todo esto se tramitó en secreto. Y se da el caso paradojal de que se pretenda aprobar a tambor batiente un tratado cuyo texto a esta altura se desconoce.

Hecho consumado

En otras palabras: lo que procura el gobierno en su etapa final es colocar al que le sucederá ante un hecho consumado. Y dificultar su opción manifiesta por un Mercosur ampliado y fortalecido, que es la apuesta común de todas las fuerzas progresistas de la región, de pueblos y gobiernos. *