Argentina: movilizaciones contra penalización de protestas

Casi todos estos casos son de larga data, incluso los hay de fines de los 90, pero hay un hilo que los unifica aún en la diversidad de situaciones: corresponden a movilizaciones sociales, penalizadas.

La sombra de la crimininalización de los reclamos reivindicativos que Néstor Kirchner dijo no querer recurrir es, después de algunos casos violentos que se dilucidan en los tribunales, un dato real.

Hay animadversión en sectores medios contra la recurrente presencia callejera de los que demandan reivindicaciones, y casi ocurrió la fatalidad: por la Avenida Corrientes marchaba el jueves una columna del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que tiene como líder al hoy detenido Raúl Castells y desde una oficina se arrojó una botella de cerveza vacía que impactó en la cabeza de una mujer muy humilde.

No la mató por un pelito. Otras veces hubo baldes de agua arrojados desde los balcones y que un bar o confitería acepte que un piquetero o piquetera pueda acceder a un baño es un imposible. ¿Improperios? Demasiados.

Luis D’Elía es el líder del Movimiento de Tierra y Vivienda, acaso la más fuerte de las entidades que nuclea a piqueteros y es diputado en la provincia de Buenos Aires. Resignó ayer sus fueros para que un tribunal lo interrogue por su participación en la ocupación en el mes de julio de la seccional policial del barrio porteño de La Boca.

Poco antes, cerca de allí, había sido asesinado el dirigente social y del MTV Martín «Oso» Cisneros por la bala de un soplón de la seccional y, claro, los vecinos fueron a reclamarle a la policía. Es creíble que la intervención de D’Elía evitó una masacre (acaso lo buscado por los que impulsaron el crimen: en esas horas estaba en marcha una enorme concentración de desocupados) pero para ello debió ponerse al frente del ingreso sin permiso en la oficina policial.

 

Caso paradojal

«Puedo ir preso, pero eso no me hará cambiar mi idea de que el gobierno de Kirchner está bien orientando. Digo que a mí me procesarán pero están libres los que saquearon al país» acaba de decir.

Pero lo paradojal ocurre: un amigo del Presidente que orienta a los desocupados por otros caminos que los del sector conocido como «duro» podría ir con sus huesos a un penal.

Estaría en la misma situación de Castells, aunque por otras razones. En todo caso, las dos situaciones más visibles se juntan con los detenidos en un reciente, confuso y grave incidente frente a la Legislatura porteña, con preventiva con cargos pesados; con presos por ocupar por demandas reivindicativas una petrolera en la provincia de Santa Cruz y los procesados de larga data.

Así, desde todo el arco piquetero, pero no sólo de ellos, por caso la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el espacio de izquierda, entidades defensoras de derechos humanos, comienza a tomar cuerpo el reclamo de una ley de amnistía para los «luchadores sociales».

Si es el instrumento adecuado o no, se verá. Hay dos cosas que son ciertas. Una, que Kirchner había tomado el compromiso, hace un año atrás, de encontrar el modo de desprocesar a esa multitud afectada y la otra que desde la derecha se pide también una ley de amnistía pero para los militares, policías y civiles, acusados de violar los derechos humanos.

Y es real, además, que la actitud oficial ante las movilizaciones es menos tolerante, por decir algo. Y que desde la izquierda que tiene influencia en los sectores más combativos de los piqueteros, no se separa paja del trigo a la hora de tomar posición y desafían a Kirchner a ver quién podrá más.

Hay ahora más policías al lado de los manifestantes. Cuerpos especializados bloquean intentos de repetir técnicas de presión, como impedir la venta de boletos de trenes en las estaciones. Por un camino u otro, se crearon condiciones para ir acotando lugares y métodos de los que protestan. Son tiempos de tensiones. *