La peor impunidad es la mentira

Por el contrario lo dicho por el Tribunal es una de las acusaciones más severas contra la impunidad sistemática.

Si como han dicho los jueces, todo ha sido un tinglado para satisfacer las necesidades del poder, bueno sería saber por qué el menemismo necesitó de chivos expiatorios.

No se puede entender la faena del juez Juan José Galeano plagada de desaciertos, sino por presión política. Galeano entró por el camino de la destitución.

No es desacertado ubicar la voladura de AMIA y la anterior, la Embajada de Israel, como una extensión del conflicto del Medio Oriente.

El alineamiento de Carlos Menem a la política externa norteamericana (y con ello, a defender las posiciones de Israel en esa región), convirtió a la Argentina en teatro de operaciones.

La primera pregunta es si la mano de Irán en los dos atentados corresponde a conclusiones fundadas o fue rebuscada para que la investigación no se saliera del marco de la política externa y del interés del Departamento de Estado e Israel.

Por lo pronto, los jueces deberán determinar las responsabilidades de varios funcionarios de Carlos Menem en la construcción de la «historia oficial» que quedó fondeada por el fallo del pasado jueves. Mientras no se conozcan sus fundamentos  se difundirán a fines de octubre  hay espacio adicional para las especulaciones, que no siempre llevan a la verdad.

Pero es probable que se abran nuevamente hipótesis desechadas por la investigación de Galeano, y se vuelva a poner en un primer plano la «pista siria».

El menemismo en problemas

¿Le importaba personalmente a Carlos Menem no lidiar con Damasco, por viejos tratos con el liderazgo de ese país antes que fuera elegido mandatario y con, acaso, compromisos no cumplidos que generaron lo ocurrido? Lo cierto es que para el menemismo la decisión judicial es una pésima noticia, no solamente por lo que a algunos de sus cuadros atañen.

¿Gana Néstor Kirchner con lo ocurrido en los tribunales?

Le da una oportunidad de colocar todo su poder para que la nueva investigación no se frustre, aunque lidiará con el escepticismo y la presión, incluso externa, de quienes adhirieron a la historia oficial. Es cierto que comenzar otra vez, o casi, una década más tarde no genera muchas expectativas de que se pueda llegar a la verdad.

La experiencia de los atentados de las Torres Gemelas o el de la Estación de Atocha exhiben que solo el rápido accionar permitió encontrar, sobre todo en el caso español, culpables creíbles.

En gran medida el sesgo en favor de la transparencia en el Poder Judicial, como lo revela la renovación en la Suprema Corte de Justicia actuó positivamente sobre la tranquilidad de conciencia de los 3 jueces, cuyos antecedentes de imparcialidad e idoneidad no han sido discutidos.

La teoría oficial no solamente fue del menemismo. Tuvo el aval de la dirigencia de la colectividad que privilegió sus intereses como clase propietaria y por sectores de los partidos políticos que estaban representados en la Comisión Bicameral de seguimiento de la causa AMIA, radicales, conservadores y frentistas, que ahora deberán explicar su silencio frente a hechos de corrupción en la primer investigación.

Nada de esto dará paz a las víctimas y a sus familiares, pero si se ha de encarar en serio la construcción de una justicia independiente y creíble, hay que aplaudir lo dispuesto por el tribunal.

Ninguna no impunidad puede construirse sobre la base de una mentira.

La crítica al gobierno por parte de algunos familiares que le atribuyen haber profundizado la impunidad por el papel de la SIDE actual en el juzgado, nace de la concepción que sólo un tribunal popular, no los de la Constitución, podrían ir a fondo, banderas de un sector del piqueterismo.

Los límites de la protesta

Hay un cambio notorio en la actitud oficial frente a algunas manifestaciones del sector mas duro de las organizaciones de desocupados y por primera vez las balas de gomas y los gases cayeron sobre mítines de protesta. La irrupción del grupo Quebracho que considera legítima «la violencia popular» ha provocado la represión que puede estar generado una nueva situación. Por lo pronto, todo el espacio piquetero se abroquela bajo la idea que se avanza en dirección a ahondar la criminalización del conflicto social. Es de pensar que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que ahora tiene el control de la Seguridad, no traspase los límites de la legalidad. Hacer participar a policías de civil en la dispersión de violentos, es violar disposiciones claves del Estado de Derecho.

Llueven los interrogantes. ¿Hay un límite para la protesta? La concepción progresista no es igual a la clásica conservadora. Para la primera, el derecho de reunión y el derecho de expresión pública, no tienen la misma jerarquía que una molestia transitoria en el acto de circular. La derecha las coloca en otro plano, inverso, pese a que no pueden tipificarse como delitos el ejercicio mismo de derechos fundamentales.

Veamos: la Cámara de Casación Penal tipifica como delito el corte de una ruta o la interrupción temporaria del tránsito aunque no haya existido peligro para los bienes o para las personas.

El derecho de protesta o de huelga, en la concepción progresista, merece una protección especial en la medida en que no se hayan generado daños a terceros o a la propiedad.

¿Hay criminalización de la protesta? Se inició con los primeros movimientos sociales, que tendieron a llamar la atención sobre la desocupación y la falta de trabajo generadas por la política neoliberal lo que hizo que sectores desaventajados de la sociedad recurrieran a nuevos métodos de protesta para llamar la atención del Estado y de la sociedad.

Menem instruyó a los fiscales para que iniciaran acciones de tipo penal contra las personas que cortaban rutas, o interrumpían el tránsito o ejercían el derecho de reunión o de movilización en lugares públicos.

Desafío irresponsable

Después de la reforma constitucional de 1994 se contemplan formas directas de participación (iniciativa legislativa, consulta popular) que tienen que ver con una ampliación de la democracia.

Aunque el artículo 22 de la Constitución Nacional, de que «el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes», es una interpretación antigua de la democracia, que tiende a negar una activa participación del pueblo en la toma de decisiones. Pero no es igual desconocer lo establecido en la carta magna.

Si Quebracho en su Web llama a la violencia, es punible cuando pasa del dicho, que es un criterio teórico sobre el Poder, a la práctica.

Cuando el piquetero Raúl Castells reclama plata ocupando empresas para la compra de alimentos, se coloca en el filo de lo legal. Al igual que la proclama en favor del Poder Popular o de los tribunales extra constitucionales.

La pregunta pertinente si este desafío a Kirchner no es una provocación a la que va inconscientemente el universo piquetero y gran parte de la izquierda. O, como creen en el gobierno, un aporte al plan de desestabilización de la derecha.

No sólo Kirchner mira de esa manera algo de lo que pasa, también Eduardo Duhalde, hoy más amigo que rival, analiza un período duro relacionado con el último tramo de la negociación de la deuda externa.

De esas apreciaciones parece haber abrevado el ex mandatario Raúl Alfonsín cuando denunció la existencia de un plan, que tendría marzo como horizonte, de relevo del Presidente.

Alfonsín aunque sugiera poseer información clave, su denuncia parece querer forzar su viejo anhelo por una Moncloa criolla que le de más espacio a la oposic
ión. Pero atención: dentro del Ejército hay un movimiento opositor a su jefe, un hombre del Presidente.

El FMI protege a los acreedores

¿Viene efectivamente un momento delicado en relación con la deuda? Por lo pronto, meses hasta fin de año de definiciones.

El titular del FMI, Rodrigo de Rato pasó como una ráfaga por aquí y dejó claro que no es un blando, aunque si se piensa que es también un político de fuste, de derechas, podrá saber medir hasta donde se tira de la soga con el país.

En concreto De Rato reclamó sobre todo más dinero del excedente fiscal generoso, para los acreedores y el Presidente, en forma correcta, le dijo que no, que no más que el 3% acordado con el Fondo, una relación que no pasa por su momento más cariñoso. En el gobierno se barajan varias cartas para conseguir la cantidad más importante posible de apoyaturas entre los bonistas, sin que se afecte el dinero del Presupuesto destinado para ellos. Si hay de otras partidas, quizás. No es un proceso con final previsible. Por algo Kirchner ha comenzado a cerrar frentes conflictivos. Recibió a la cúpula de la Iglesia que le dio respaldo luego que el Presidente le anunció ayuda financiera para los colegios católicos, habló con los líderes parlamentarios del justicialismo a los que ninguneaba, mejoró su relación con gobernadores e incluso con las FFAA.

Pero no tiene respuestas rápidas para atender el conflicto social aunque haya logrado el respaldo empresarial para incrementar el salario mínimo a 150 dólares mensuales que puede subir 50 más por medio de asignaciones familiares costeadas de la masa de dinero excedentaria actual.

Estará de todas maneras, debajo de los casi 240 dólares necesarios para sobrepasar la línea de pobreza extrema que reclamó la Central de Trabajadores Argentinos en el seno del Consejo del Salario y no auxilia a los desempleados con 50 dólares de ingresos ni a los que trabajan en negro, una inmensidad.

Kirchner supone que saca rédito de lo acordado, en última instancia su propia propuesta, porque es más que nada. *