Argentina: fallo de la AMIA demuele una historia mentirosa

El Tribunal Oral Federal 3 tuvo la convicción de que el Estado armó la causa de la mutual judía AMIA para encontrar culpables a cualquier precio de la explosión que mató a 85 personas y demolió la sede y entonces, la Justicia, en un fallo histórico, absolvió a los cinco acusados que fueron juzgados durante dos años y diez meses como partícipes del atentado terrorista y a otros 17 implicados. El fin no justifica los medios y no puede haber condenas a partir de pruebas falsas o dudosas. Ni siquiera a posibles culpables, aunque fueran delincuentes por otros hechos: eso dijo el Tribunal.

Los tres jueces del tribunal oral tuvieron valor «para romper con posibles lealtades corporativas y demoler una construcción judicial de siete años plena de presuntas irregularidades, pero sostenida por importantes sectores de poder», subraya La Nación.

En contrapartida quedó claro que el juez federal Juan José Galeano, el de los fiscales y las principales querellas, armaron lo que se llamó «la historia oficial» con el paraguas del poder político y de líderes de la comunidad judía.

Gracias a un documento del tribunal oral conocido después de decretarse 22 absoluciones, queda claro que para los jueces existió un coche bomba. Los jueces Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo concluyeron en forma unánime que está probado que la AMIA fue demolida por la explosión de elementos idóneos colocados dentro de una camioneta Trafic vendida por uno de los imputados, el reducidor de automotores, Carlos Telleldín, y cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivos.

Pero dijeron que el mecánico entregó el vehículo a alguien desconocido, sin que se hallaran evidencias de que supiera para qué iba a ser usada. De todos modos, los jueces declararon nula el acta donde se da cuenta del hallazgo del motor de la Trafic entre los escombros de la AMIA. Jurídicamente, el motor no existió.

Aunque faltan aún las apelaciones, lo conocido alcanza para encartar a varios funcionarios judiciales y ex integrantes del gobierno de Carlos Menem, cuya investigación requirió el trío de magistrados que desoyeron el pedido de los fiscales de condena para los principales implicados. Llueven las críticas de los familiares de las víctimas. Para el gobierno el fallo no es un punto de llegada sino de partida. Es que ahora comienza una nueva etapa: la de saber quiénes ordenaron y financiaron la voladura, y quiénes la ejecutaron. Quiénes la encubrieron  se ordenó investigar a varios ex funcionarios menemistas  y quienes embarraron adrede la investigación. Falta la gran respuesta: ¿por qué tanto engaño? El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, garantizó que «el Gobierno va a avanzar en todo lo que sea necesario para buscar la verdad».

Para los expertos en el expediente AMIA, hay elementos valiosos pero que a juicio sólo se elevo una pequeña parte de lo actuado. «Llegó el momento de ocuparse de las pistas que se dejaron de lado. Y de averiguar por qué se las ignoró. No se trata de buscar culpables, sino a los culpables», subraya La Nación.

Para el nuevo curso de acción hay que tener en cuenta que el Tribunal Oral Federal denunció por diversos delitos a funcionarios del gobierno de Menem  entre ellos, el ex ministro del Interior Carlos Corach y el jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy  y al juez federal Galeano, que instruyó el caso junto con los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia.

Están acusados de haber contribuido a la construcción de la causa «para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos», dice un anticipo de los fundamentos del fallo. Hay algo que subrayar. El Tribunal pudo absolver a los acusados porque declaró nula una parte de la causa por la manera irregular en que comenzó a ser investigada. Con eso alcanzaba, pero en defensa del derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad, replicaron cada uno los indicios contra los acusados y concluyeron que no bastaban para condenarlos. Los jueces llegaron a la convicción de que todas las acusaciones fueron «armadas» por el Estado para inculparlos y cerrar la causa con un culpable. Pero fueron más allá. Señalaron que en esta actividad, el juez Galeano contó con el soporte político del Poder Ejecutivo, a cargo de Menem y el Poder Legislativo, encarnado en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

Por eso los jueces del tribunal presentaron denuncias contra Corach y Anzorreguy, a quien se los pidió investigar por el pago de 400.000 dólares que recibió Telleldín antes de declarar contra los ex policías bonaerenses. Casi todos los integrantes de la Comisión Bicameral del caso AMIA, entre ellos el ex vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez, cayeron en la redada porque se reunieron en secreto para ver el video en el que Telleldín y Galeano hablaban de la entrega de dinero y de los policías imputados, «una inaceptable negociación» que omitieron cuestionar.

Los jueces Gabriel Cavallo, hoy camarista federal, y su colega Norberto Oyarbide, también fueron denunciados por el tribunal, pues investigaron a Galeano y las derivaciones del video sin encontrar responsables. El Tribunal Oral entendió que la construcción del caso se gestó cuando Galeano se apartó de la búsqueda de la verdad para violar la ley y dijeron que el cobro de 400.000 dólares por parte de Telleldín fue «la culminación de una actividad irregular del Estado dirigida a obtener un responsable, más allá de lo que realmente aconteció». En la denuncia de Galeano y de los fiscales Mullen y Barbaccia se esgrime una lista de 11 supuestos delitos cometidos durante la tramitación de la causa. «Se pudo establecer, a raíz de las numerosas irregularidades comprobadas, que el señor juez instructor orientó su actuación a construir una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos» dijo el tribunal. *