Argentina: diez años y la voladura de la AMIA sigue impune

El atentado del 18 de julio de 1994 con 85 muertos y dos centenares de heridos, sigue impune: una tragedia argentina.

Más aún: la absolución del principal acusado, el reducidor de autos truchos, Carlos Alberto Telleldín, desmorona la hipótesis de que la bomba fue trasladada a las puertas del local volado por una camioneta Trafic de color blanco.

Jurídicamente el motor encontrado por integrantes del servicio secreto de Israel días después del atentado, es inexistente, al ser anulada el acta de su secuestro. Además, escasos testigos de los 1.284 que fueron citados por el Tribunal pudieron dar elementos de que ese vehículo realmente existió. Varios investigadores independiente, entre ellos el periodista Jorge Lanata, siempre señalaron la inexistencia de la Trafic.

El fallo será apelado por los querellantes, instituciones judías y familiares de las víctimas.

El tribunal integrado por los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, apenas juzgó una parte de lo que se supone la conexión local del atentado (si es que esta existió). No fueron procesados los autores materiales ni ideológicos del ataque contra la mutual judía; solo un puñado de policías y el reducidor de autos a los que se acusó de haberles proporcionado a los terroristas la camioneta con la que se perpetró el atentado, lo que fue descartado por los tres jueces.

Pasaron 342 audiencias, 1.284 testigos y casi tres años y nada. El tribunal se limitó a comunicar sus conclusiones y citó a una audiencia para el 29 de octubre a las 20.00 horas para dar a conocer sus fundamentos.

La sentencia provocó indignación entre los familiares de las víctimas que convocaron para hoy a mítines públicos.

Las responsabilidades de un juez y ¿Menem?

Se inicia todo otra vez, pero con imputaciones graves contra el juez Juan José Galeano, que llevó a cabo la instrucción de la causa y contra dos fiscales: el Tribunal decidió que sean sometidos a juicio.

También se abre un expediente contra la Policía de la Provincia de Buenos Aires por falsedades reiteradas y contra la Secretaría de Inteligencia de Estado, SIDE, y sobre su entonces titular, Hugo Anzorreguy.

El Tribunal envió todos los antecedentes sobre lo actuado por el juez federal Galeano al Consejo de la Magistratura, lo que abre el camino, además, de su destitución.

Inevitablemente el nuevo curso investigativo caerá sobre Carlos Menem, su entonces ministro del Interior, el hoy diputado nacional Carlos Ruckauf, el ex jefe de Seguridad, brigadier Andrés Antonietti. Por ahora el Tribunal pide que se investigue lo actuado por el ex ministro de Interior de Menem, Carlos Corach, por posible conocimiento de las irregularidades en este juicio, como el soborno al principal imputado para que acuse a los policías bonaerenses.

Solamente al conocerse los fundamentos de lo decidido en la víspera podrá entenderse mejor las cosas.

La nueva etapa de investigación reclama también que se indague sobre lo actuado por el dirigente de la comunidad judía, Rubén Beraja y de su abogada.

Los cuatro policías considerados cómplices del atentado  Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Mario Bareiro e Irineo Leal  y otros 17 imputados fueron absueltos, pero los dos primeros así como Teilledín seguirán detenidos por otras causas, la mayoría de ellas por corrupción.

Las absoluciones de los policías de la bonaerense exhiben que las pruebas contra ellos se desplomaron. En primer lugar porque Telleldín es quien los implicó diciendo que les entregó la camioneta a los policías, pero en el juicio oral se comprobó que la SIDE le había pagado 400 mil dólares, con acuerdo del juez Galeano. El testimonio se invalidó porque fue comprado.

Se cayeron pruebas, ¿sólo mentiras?

Otra prueba que se consideraba fuerte estaba referida a que los celulares del grupo de policías de Ribelli funcionaron en las inmediaciones de la casa de Telleldín el día en que supuestamente éste entregó la Trafic. Sin embargo, la firma Movicom rectificó su primer diagnóstico sobre la cuestión, a raíz de la utilización de un software más moderno. Por último, hay evidencias que se consideran circunstanciales. En los días del atentado, el ex comisario Ribelli blanqueó de forma inaudita dos millones y medio de dólares que afirmó provenían de una herencia anticipada de su padre, un obrero ferroviario.

Se dijo que ese dinero fue el pago por sus servicios por el atentado, pero esa plata podría provenir de los innumerables delitos que ese policía de la famosa bonaerense que controlaba (sic) los delitos con automotores cometía en aquel entonces extorsionando y arreglando con delincuentes.

Es que quedó probado que estos policías extorsionaban a delincuentes como Telleldín: les sacaban plata para permitirles que siguieran delinquiendo.

El Tribunal fue claro respecto de los delitos cometidos durante la instrucción e incluso durante el juicio oral.

El fallo causó conmoción. ¿Hubo conexión local? Si no fueron los absueltos, ¿quienes? Muchos puntos por dilucidar. Y en ciernes, numerosas demandas contra el Estado por parte de los damnificados y sus años de prisión que para el Tribunal, de hecho, no se justificaba.

Entonces, ¿quiénes inventaron esta historia trágica? *