Un "coctel delicado" en una violenta Colombia

La «ecuación» drogas, insurgencia armada y el papel de Estados Unidos en los asuntos internos colombianos fue discutida informalmente en el encuentro sobre los narcocultivos y el ecosistema que se celebra en la localidad de Los Pozos (740 km al sur de Bogotá), a instancias del gobierno y la guerrilla de las FARC, que negocian un plan de paz.

A esa reunión, que empezó el jueves y terminará este viernes, asisten delegados de 20 países y entidades internacionales, pero no los representantes de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo.

Los campesinos acusaron por igual a los presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Estados Unidos, Bill Clinton, de pretender resolver el problema del narcotráfico por la vía militar, en vez de prestarles asistencia social para sustituir las plantaciones de coca y amapola por otras legales e igualmente rentables.

Washington anunció una asistencia económica y militar por unos 1.000 millones de dólares para financiar el Plan Colombia de lucha contra las drogas, lanzado en 1999 por Pastrana.

Ese programa, cuyo costo total será de 7.500 millones de dólares, también contempla la pacificación con las guerrillas, pues Pastrana considera que al resolver el problema del narcotráfico se habrá eliminado el «combustible» que alimenta a los grupos armados ilegales.

Pastrana, que ha apostado su capital político a sacar adelante el proceso de paz con los rebeldes, aclara sin embargo que los grupos guerrilleros no son organizaciones del narcotráfico.

El conflicto armado colombiano, el más antiguo de América Latina, ha derivado en gravísimas violaciones a los derechos humanos, causado el desplazamiento de cientos de miles de campesinos y desangrado la economía nacional.

«Señor Clinton, señor Pastrana, la defensa de los derechos humanos no se hace con fumigaciones (en las zonas cocaleras) y ametrallamientos», se leía en una pancarta desplegada por los labriegos en Los Pozos.

Los campesinos, que llegaron a Los Pozos procedentes de diversas regiones cocaleras del país, en muchos casos apoyados por los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), también denunciaron que Washington pretende convertir al país andino en un Vietnam.

«Nos quieren acabar con fumigaciones (con herbicidas), en vez de darnos ayuda para el desarrollo alternativo», protestaron los cocaleros. El alto comisionado para la paz del gobierno colombiano, Camilo Gómez, dijo que no habrá paz en el país mientras no se resuelva el problema del narcotráfico y que sería «bueno ver a las FARC cooperando en la erradicación de los cultivos ilícitos y trabajando en la implementación de los programas de desarrollo alternativo y de recuperación de los ecosistemas».

Los rebeldes propusieron luego desmilitarizar el selvático municipio de Cartagena del Chairá –vecino del área de 42.000 km2 que se halla bajo control rebelde y donde se celebran las conversaciones de paz–para ejecutar un plan piloto de sustitución de plantaciones de coca y amapola.

El grupo marxista prometió erradicar en cinco años los narcocultivos de sus zonas de influencia y pidió para ello la cooperación de las Naciones Unidas y varios países industrializados, incluido Estados Unidos.

El líder y fundador de las FARC, Manuel Marulanda («Tirofijo»), ha señalado que la solución al problema de las drogas debe ser social, y no militar.

«Pero si se impone la ‘tesis guerrerista’ de Estados Unidos, las FARC, como ejército del pueblo, van a responder a esta agresión», amenazó «Tirofijo».

Washington afirma que los traficantes de drogas están aliados con los rebeldes y los paramilitares derechistas –enemigos de la insurgencia– en diversas zonas de Colombia.