El lenguaje de las armas

Con el asesinato del 15 de mayo mediante el collar-bomba (que se pretendió atribuir a las FARC), se postergó un mes el proceso negociador por decisión irreflexiva del presidente Pastrana. Las audiencias internacionales a realizarse en Colombia con participación de 22 países encabezados por España y Noruega, fijadas para fines de mayo, quedaron para el 29 y 30 de junio, según se acordó en una reunión efectuada en Alcalá de Henares, España, con participación del comandante Raúl Reyes y del negociador del gobierno, Fabio Valencia. El subsecretario de Estado para América Latina, Thomas Pickering, declaró que su gobierno «vería con buenos ojos que se suspendiera la reunión»programada, lo que indica un sabotaje constante de EEUU al diálogo de paz. Al mismo tiempo, las dos partes resolvieron intercambiar el próximo 3 de julio sus respectivas propuestas sobre cese del fuego y de las hostilidades.

La votación del Senado

Es en estas condiciones que el Senado norteamericano vota el jueves 22 un grueso paquete de ayuda militar a Colombia (extensivo a otros países del continente). Es en esencia el mismo proyecto que cruzó por la Cámara baja, consistente en venderle a Colombia por lo menos seis decenas de helicópteros tipo Blackhawk y Huey (que ya están operando en el territorio, bajo comando estadounidense), adiestrar y armar con equipos sofisticados de tres a cinco batallones de tropas especiales, otorgar más armamento al ejército y la policía, reforzar la gigantesca base militar de Tres Esquinas, al tiempo que se activan las de Manta, en Ecuador, y las de Aruba, y Curaçao, enfiladas todas contra las FARC y sus zonas de influencia.

Hemos visto estos días por TV reportajes a pobladores, sobre todo campesinos, de esas zonas, que admiten naturalmente la autoridad de las FARC para regular problemas de distribución de tierras, poner en marcha medidas de reforma agraria o una administración elemental de justicia en diferendos familiares (cobro de deudas, etc.), procurando soluciones de común acuerdo. Las FARC aparecen como el verdadero poder en la región, se reconoce que lo administran en forma ecuánime y ética, sin autoritarismo. Esta situación, gestada a lo largo de años e integrada a la vida cotidiana, recuerda la vigente en Chalatenango bajo influencia del FMLN salvadoreño, que organizaba desde la producción agrícola hasta la vida escolar. En realidad, es una demostración de la capacidad de la gente por organizar la vida comunitaria.

Paramilitares asesinos

El lunes 19 las bandas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) secuestraron en Medellín a Guillermo León Valencia, hermano del representante del gobierno, y el capo mafioso Carlos Castaño declaró por cadena que el secuestro era en protesta porque en la citada reunión en España «el negociador Fabio Valencia afirmó que las FARC no son narcotraficantes».

Y eso es tan cierto como que, según lo señaló el director de la policía nacional de Colombia, general Rosso José Serrano, las bandas paramilitares participan, ellas sí, directamente en el narcotráfico. En Clarín de Buenos Aires del 9 de abril, Serrano afirmó que «los paramilitares (…) decidieron meterse en el narcotráfico, pero no sembrando ni protegiendo, sino procesando, que es mucho más rentable». Existen evidencias, por añadidura, de que venden la droga directamente a EEUU.

Estas bandas, además, son culpables de numerosos asesinatos de campesinos, acusados de connivencia con las FARC. El 10 de junio la CNN mostró 5 campesinos masacrados por las AUC, que se suman a atentados mortales sistemáticos en la frontera con Panamá y en pequeñas aldeas (aunque no pocas veces se llevan su merecido a manos de las FARC). Un informe del gobierno dice que en 1999 las AUC cometieron el 74% de los homicidios. Pero en los hechos se les asegura la impunidad, porque actúan en connivencia con el sector fascista del ejército y con la propia CIA.

La misma mano

Esto acontece en varios países de América Latina. Guatemala es un ejemplo típico, como lo fueron en su hora los Escuadrones de la Muerte de Roberto D’ Aubuisson en El Salvador, asesinos de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980.

A comienzos de este mes se dieron a conocer en Washington dos volúmenes con documentos decodificados de las matanzas perpetradas por las dictaduras militares en Guatemala, entre ellas las denunciadas por Rigoberta Menchú. Allí constan los asesinatos de campesinos y militantes de izquierda acometidos por el ejército, por las bandas criminales como la Mano Blanca, pero también con la intervención activa de militares norteamericanos, que se comprobó fehacientemente en casos concretos. En enero el presidente Alfonso Portillo reconocía la participación de grupos ilegales en el asesinato de monseñor Juan Gerardi el 26 de abril de 1998, poco después de publicar su informe (Recuperación de la memoria histórica) sobre el largo rastro de sangre dejado por las dictaduras, incluso el asalto a la embajada de España el 31 de enero de 1980.

Albright en Pekín

Estados Unidos ha acumulado una superioridad militar sin precedentes en este mundo unipolar, y prioriza las soluciones de tipo militar. La actual visita de Madeleine Albright a Pekín coloca sobre el tapete un doble ejemplo.

Puesto a discusión el bombardeo de la embajada china en Belgrado en mayo del año pasado, la secretaria de Estado se limitó a repetir que se trató de «un error» por el cual se pagará una indemnización. Así liquida un acto típico de terrorismo de Estado (que destruyó la sede diplomática y provocó varias muertes), en un episodio inserto en el genocidio de la OTAN, bajo mando yanqui, en la guerra de Kosovo, que se prolonga hoy en el complot para sacar de en medio a Milosevic.

También se preocupó de precisar que se mantendrá la presencia militar USA en Corea del Sur, como desde hace medio siglo. El Pentágono tiene sus normas. Donde sus tropas están, se quedan. Donde no están –desde los Balcanes a Colombia– las va metiendo poco a poco.