Fernando de la Rúa va en busca de la iniciativa perdida

Necesita romper el cerco que ha comenzado a construir el peronismo, particularmente en el Senado Nacional, para no verse obligado a legislar mediante decretos de necesidad y urgencia, DNU, de dudosa legalidad, que pueden una y otra vez ser derogados por la Cámara alta, como ha sucedido con aquellos con que recortó salarios en el Estado y desreguló el mercado de salud, entre otras medidas.

Haber recurrido a ese difuso resorte constitucional (difuso, porque no está reglamentado y puede ser considerado arbitrario) como ocurrió en tiempos de Carlos Menem, cuando la Alianza lo fulminó por transgredir la carta magna (o ponerse en el límite): no es lo que se esperaba de la actual gestión.

Los efectos prácticos de la derogación del programa de ajuste aprobado el 29 de mayo, en vísperas del viaje presidencial a los EEUU pueden ser nulos, a pesar también de las decisiones judiciales frenando las medidas, porque por vía de apelaciones seguirán manteniendo vigencia hasta que intervenga la Suprema Corte que, en un caso similar, hace poco avaló la poda de los sueldos dispuestas en tiempos de Menem.

Pero el abroquelamiento peronista en el Senado Nacional desafía a la Alianza para que acuerde con ese grupo cómo se gobernará a este país hasta la renovación de la Cámara alta en 2001. En el oficialismo no hay coincidencia que ese sector debe ser el privilegiado y menos aún la manera de implementarlos.

Además de imponer número, el peronismo trata de darle impronta constitucionalista a una decisión que poco ha tenido de sensibilidad social y demasiado de política. El senador Jorge Yoma ha conseguido arrastrar a los dos bloques legislativos del justicialismo a defender la doctrina que sostiene que el rechazo de al menos de una de las cámaras del Parlamento es suficiente para derogar los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.

Si bien este pensamiento carece de bases y antecedentes jurídicos sólidos que la respalden, le sirve al PJ para instalar más dudas sobre el poder de la Alianza en la Cámara baja, donde tiene teóricamente una pequeña mayoría pero que no pudo hacerla pesar el jueves para derogar lo que había aprobado la otra parte del Congreso Nacional.

¿Rehén del Senado?

Los senadores opositores, que tienen quórum propio y mediante convenios con representantes de partidos provinciales, hasta podrían conseguir los 2/3 para imponer y hacer aprobar cualquier asunto, no es un cuerpo homogéneo. Pero por ahora ni los gobernadores peronistas más proclives a acordar con el gobierno nacional por razones de sobrevivencia, ni algunos senadores que en el pasado tenían capacidad de disuasión entre los suyos, han podido evitar que prime la línea de confrontación.

Ya se sabe que De la Rúa es reacio a los choques, aunque cuando le ha fracasado en alguna gestión, como le ocurrió con la CGT, ha hecho un guiño para que golpeen a los gremialistas donde más le duele: las obras sociales. No sólo las abre al capital privado sino que autorizó intervenir justamente la de los sindicatos de la Alimentación y los Camioneros, cuyos jefes son los que comandan cada rama de la CGT.

Antes, la ministra de Solidaridad Social, Graciela Fernández Meijide, decidió suspender un viaje a Jujuy donde debía suscribir con su gobernador un convenio de ayuda en represalia porque los senadores de la provincia habían votado contra el gobierno en su lugar sensible en esos días.

Si De la Rúa recurre a los DNU es porque fracasó en establecer con la oposición una agenda de coincidencias cuando aún tenía el ángel que da el haber ganado cómodamente las presidenciales. Eso no ocurrió porque tal vez el diagnóstico sobre con quien discutir con el justicialismo no fue el correcto. Primero, privilegió a los gobernadores, creyendo que eran jefes de sus distritos y podían ordenar lealtades a los legisladores. Ninguno de ellos puede imponer decisiones.

Tal vez otro error fue desgastar energías en hacer aprobar una ley laboral que para generar empleo no sirve pero que enfrentó al gobierno con los sindicatos que más habían retado al menemismo y pactó, en cambio, con suceso efímero, con aquellos que acompañaron al neoliberalismo.

Disparen sobre «Chacho»

Nunca consiguió el gobierno instalar una agenda de prioridades, excepto la necesidad del equilibrio fiscal. Su necesidad no está en discusión, pero ahora se lo reta, y no sólo por parte del sector díscolo de la Alianza, por no saber (o no querer) conseguir recursos del sector que más beneficios obtuvieron bajo el menemismo y que hoy es casi el único que lo aplaude. Se comprende por qué.

El vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez, que es el titular nato del Senado, siente que es el principal objetivo de la ofensiva peronista. Es probable que mucho de lo que ocurre con el peronismo sea la reseca de la derrota electoral que lo dejó sin un liderazgo firme y donde cada sector, tumultuosamente, busca afianzar su papel.

Pero vienen ocurriendo demasiadas cosas como para no pensar que la confrontación de estos días en el Senado Nacional no es parte de un curso de acción. Alvarez lo presiente y se ha negado a acordar con la oposición mediante transacciones que, según las malas lenguas sostienen, han tenido en el pasado valor metálico.

Las mismas voces afirman que eso ya ha sucedido a espaldas del vicepresidente cuando estaba trabada la ley laboral en la Cámara alta, por vía de operadores del radicalismo que el vicepresidente desprecia.

El mismo blanquea en esos términos la controversia cuando acusa a sus rivales de querer quitarle el manejo administrativo del cuerpo para «hacerse de la caja, como en antiguo Concejo Deliberante», famoso hasta su disolución por los actos de corrupción. Si se mira más a fondo, el vicepresidente quiere acabar con una secular tradición de esa corporación que se llama Senado Nacional. Y ya se sabe que cosas tan profundas no se modifican a corto plazo.

Alvarez, que maneja como pocos la política mediática, aprovecha cuanto micrófono tiene a mano para desprestigiar a los senadores opositores, confiando en enfrentarlos con sus propios electores y reafirmar el respaldo –cada más débil– de los suyos, para también fortalecerse en la lucha interna dentro de la Alianza y defender sus posiciones frente a un curso de acción que parece inevitable: minarle su poder político para dar paso a una nueva coalición oficialista con un Frepaso enflaquecido.

Sin embargo, esta política de enfrentamiento no tiene socios activos entre los radicales y senadores como Leopoldo Moreau lo critican. El jefe del partido, Raúl Alfonsín, teje silenciosamente acuerdos con el peronismo.

Una agenda enigmática

El enigma no resuelto es qué agenda instalará el Presidente para conseguir no solamente acuerdos en el Parlamento o con los sindicatos y empresarios, sino para decirle a la gente que al final del túnel donde está ahora el país hay una luz, aunque solamente sea una esperanza.

La reunión del gabinete nacional del martes reveló que hay todavía muchas vacilaciones entre los ministros. Con su habitual crudeza, el de Defensa, Ricardo López Murphy, siempre mentado como relevo del titular de Economía, José Luis Machinea, desalentó a sus pares que proponían planes de reactivación como el que reclama el llamado «sector productivo» (empresarios y productores nacionales) para no tener que apelar en poco tiempo a algún nuevo corte de gastos. El mercado interno continuará deprimido por largo tiempo», advirtió.

Las satisfacciones que recibe De la Rúa han sido las del exterior y la semana pasada del capital concentrado en el Consejo Empresario Argentino, que sólo da su aval a políticas de las que saca divide
ndos y de otras entidades similares aunque de menor peso en la economía.

Sólo con estos grupos patronales es impensable que la Alianza recupere apoyos y que pueda mantener la gobernabilidad. La Argentina no es, por caso, EEUU, donde su Ejecutivo puede no tener mayoría en una (o las dos) cámaras y gobernar como lo hizo Bill Clinton casi todo su mandato.

De allí que en sus encuentros con los empresarios, De la Rúa recibió impresiones sobre la necesidad de acordar con sectores de la oposición un sistema de acuerdos y para evacuar las diferencias. Pero también que el propio gobierno despliegue el suyo propio para acabar con fricciones internas.

El estilo de un presidente

Pruebas al canto: el presidente anunció que estaban redactados los decretos de desregulación telefónica con el pie en el avión que lo llevó a Nueva York. Pero al fin de la última semana todavía seguían las controversias, a veces con choques verbales, entre el ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, con su secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, sobre la letra chica de los decretos, que según se redacten favorecen más a los grupos privados, donde se pelean, además, españoles y norteamericanos.

El estilo presidencial de pasar por sobre los ministros para interesarse por la marcha de algunos asuntos descoloca a los primeros en casi todas las áreas y añade un factor de perturbación, pese a que con frecuentes encuentros del gabinete nacional, De la Rúa quiere ir creando un clima de trabajo colectivo coherente.

No son pequeñeces: estas obsesiones del presidente de «estar en todas», de puentear ministros, de promover negociaciones furtivas, descolocan muchas veces a los suyos, genera un malestar interno que de algún modo llega a la sociedad. El mayor peligro que enfrenta la Alianza es el de la credibilidad. Debe conseguir que no se instale en el imaginario popular eso que «lo que veis y oís es lo contrario de lo que tendréis». Y eso es grave.