Néstor Kirchner intervino el tren de San Martín

La primera intervención decidida por el Gobierno fue la anulación de la concesión que permitía al Grupo Macri explotar el Correo Argentino, debido a la falta de pago del canon. A poco, se sumó el caso de Thales Spectrum, la firma francesa que se ocupaba de controlar el espacio radioeléctrico, y que fue acusada de incumplir con 70% de las cláusulas del contrato.

Al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tampoco le tembló el pulso para disponer la creación de nuevas empresas estatales. Lafsa (Líneas Aéreas Federales) inauguró la lista. Fue lanzada en setiembre de 2003 para absorber a los empleados de las privadas LAPA y Dinar, cuyo destino más seguro parecía ser entonces el despido. Este año, cuando la crisis energética cobraba intensidad, el Gobierno avanzó con la creación de Enarsa (Energía Argentina SA), firma que se ocupará básicamente de la búsqueda de nuevos yacimientos de hidrocarburos.

Hay dos casos más en los que el Estado metió mano en empresas que habían sido concesionadas en los noventa. El martes convocó a una nueva licitación por el Ferrocarril Belgrano Cargas, que era explotado por la Unión Ferroviaria, pero en la que el Estado había incumplido con el pago de subsidios por 50 millones de pesos. Y dentro de la mayor participación estatal en la economía se inscribe además la inversión de 320 millones de pesos en la mina de Río Turbio, cuya concesión había sido abandonada por el Grupo Taselli, el mismo que hasta ayer manejaba la ex línea San Martín.

En este periplo, sin embargo, no parece tener el Gobierno una receta preestablecida. Mientras Enarsa y Thales permanecerán en manos del Estado, tanto para el Correo como para la aerolínea, De Vido prometió una rápida reprivatización, que no se está cumpliendo en los plazos establecidos. «Vamos a esperar por el mejor momento para la privatización», dicen los funcionarios. *