Se aprobó ley de acceso a la anticoncepción

Los sectores más retrógrados de la política nacional fracasaron en impedir que la legislatura porteña aprobara esta madrugada tras casi once horas de debate una Ley de Salud Reproductiva, que garantiza el acceso a la anticoncepción a toda la población, sin restricciones a los adolescentes.

Se espera que el programa contribuya a la educación sexual de las adolescentes y se quiebre la línea en ascenso de humildes madres jóvenes con una plétora de hijos y los abortos que los pobres consuman clandestinamente con una alta tasa de mortalidad.

Mientras dentro del recinto ardió el debate, fuera de la legislatura chocaron grupos ultramontanos que coreaban consignas «a favor de la vida y contra el aborto», con otros de signo opuesto que hasta elevaron una pancarta con esta frase: «Mantengan sus rosarios fuera de nuestros ovarios».

La nueva legislación fue favorablemente votada por la mayoría de los diputados de la Alianza y del justicialismo, tres de Nueva Dirigencia (ND, partido local que dirige el ex ministro del interior de Carlos Menem, Gustavo Béliz, hoy aliado a Domingo Cavallo y vinculado al Opus Dei) y un bloque unipersonal.

La presión de la Iglesia para incluir modificaciones se hizo sentir hasta último momento. Legisladores alineados en el delarruismo –que después votaron en contra– recibieron al parecer una orden del mismo Presidente para eliminar uno de los puntos más urticantes para el clero: la mención del DIU, entre todos los métodos «no abortivos» que deberán suministrar los hospitales públicos.

El DIU es un dispositivo intrauterino anticonceptivo seguro, con fuerte apoyo de las entidades de salud internacionales.

El mismo Fernando de la Rúa se comunicó telefónicamente con Aníbal Ibarra, el futuro jefe del gobierno porteño que presidió la sesión, para conocer las posiciones dentro de la Alianza. Con todo, el bloque oficialista rechazó de plano la propuesta delarruista en una tensa reunión, antes del tratamiento del proyecto. La sesión estuvo precedida, además, por los violentos incidentes descriptos y que fue reprimido con gases lacrimógenos.

«No es una ley de natalidad ni de política demográfica. Es una ley que apunta a revertir desigualdades, injusticias y el sufrimiento de muchas mujeres, principalmente pobres», cerró su discurso la diputada de la Alianza, la socialista popular Clori Yelicic, una de las principales impulsoras de la ley. La barra del recinto estaba colmada. La mayoría del público, mujeres de ONGs, explotó en un fuerte aplauso. El resto –jóvenes vinculados a grupos católicos– reaccionó con abucheos y algunos gritos de «Â¡asesina!», «Â¡genocida» y «Â¡nazi!».

Presionó el presidente

Como concesión a la oposición, la Alianza aceptó dejar asentado en el texto que sólo se podrá prescribir e informar sobre anticonceptivos «no abortivos y reversibles», aprobados por el Ministerio de Salud. Lo que no aceptó la mayoría del oficialismo fue un planteo de último momento de cuatro (de los cinco) diputados que responden directamente a De la Rúa en la legislatura: eliminar del texto la enumeración de todos los métodos anticonceptivos que deberán darse en los hospitales, un reclamo de la jerarquía eclesiástica.

A la Iglesia Católica le irrita que aparezca el DIU, al que consideran «abortivo». Por algo similar, la líder del Frepaso, Graciela Fernández Meijide, fue hostigada por la derecha eclesiástica cuando perdió las elecciones a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en octubre del año pasado, frente al peronista Carlos Ruckauf, que «la corrió por derecha», calificándola de «abortista».

La legisladora que más resistencia planteó al proyecto fue Patricia Ruiz Moreno (ND), que siguió la sesión con una estampa de la Virgen María envuelta en un rosario sobre su banca. «Sáquenle la sotana», gritaban desde la tribuna cada vez que pedía la palabra. «Vulnera el derecho de los padres», señaló, mencionando el otro punto cuestionado por el clero.

Los sectores más conservadores querían que los adolescentes sólo pudieran acceder a los servicios de procreación responsable con la autorización de sus padres. Paradójicamente, otro legislador de ND se encargó de responderle. Enrique Rodríguez, ex ministro de Trabajo en tiempos de Menem pero en su juventud militante comunista, apoyó la posición de la Alianza.

«Hoy cualquier adolescente puede adquirir cualquier método en una farmacia, siempre y cuando tenga plata. Si un chico (sin recursos) no puede hablar con sus padres sobre sexualidad, cómo le vamos a impedir que hable con un médico», replicó, y se llevó el aplauso de la mayoría del recinto.

Ahora el Parlamento Nacional tiene en sus manos una legislación similar. Y no se descarta que el jefe del gobierno porteño, Enrique Olivera, sufra presiones para que vete la ley. Veremos.