Sin Tierra inician ocupaciones

Las movilizaciones de los Sin Tierra se suman al bloqueo de caminos, desde hace 19 días, impulsado por los campesinos de La Paz y a la difícil situación provocada por el asesinato del alcalde de Ayo Ayo a manos de pobladores que lo acusaron de corrupción.

El gobierno del presidente Carlos Mesa suspendió el jueves una reunión con la Federación de Campesinos de La Paz que iba a efectuarse en Guaqui por temor a que sus representantes fueran secuestrados.

«Estamos movilizados desde el 8 de mayo y nadie respondió hasta hoy nuestras demandas.

Recuperamos ya Collana y vamos a seguir ocupando todas las propiedades que no cumplen un rol social en todo el país», anunció Angel Durán, dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST).

La agrupación, que hace un mes ocupó ya dos propiedades agrícolas en el altiplano andino, exige una nueva Ley de Tenencia de Tierras.

Durán anunció también el apoyo de su sector a los campesinos de La Paz, que exige al gobierno negociar en Guaqui, a 120 kilómetros al norte de esta ciudad.

Rufo Calle, dirigente máximo de los campesinos, reiteró hoy que no tenían planeado secuestrar a los viceministros de gobierno y de asuntos campesinos, como denunció el Prefecto (gobernador) de La Paz, Nicolás Quenta.

Según Calle, la suspensión de la reunión «molestó a los dirigentes de las 20 provincias, que decidieron radicalizar el bloqueo» si las autoridades no van a Guaqui «hasta el sábado».

«Los campesinos garantizan la seguridad de las autoridades» para que vayan a negociar, subrayó el dirigente.

Para ratificar su voluntad de diálogo y en señal de «buena voluntad con los hermanos transportistas», los campesinos permitieron el tránsito de una columna de 400 camiones de alto tonelaje que estaban retenidos en Guaqui y Desaguadero, otra población fronteriza con el Perú.

Los campesinos tienen 72 demandas de desarrollo rural y apoyan a la Central Obrera Boliviana (COB) en su rechazo al referendum sobre hidrocarburos, cuya nacionalización exige, que el gobierno convocó para el 18 de julio.

El Movimiento Sin tierra se solidarizó también con los pobladores de Ayo Ayo, quienes exigen que las autoridades vayan a ese pueblo, a 80 kilómetros al sur de La Paz, para «aclarar» las causas del asesinato de su alcalde, cuya responsabilidad asumieron en forma comunitaria.

Los comuneros de Ayo Ayo amenazan con volar las torres de alta tensión y dejar sin energía eléctrica a las principales ciudades si representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo no se presentan en ese pueblo hasta el lunes.

Exigen, asimismo, que se liberen los fondos de la Participación Popular que financian programas municipales, congelados desde hace dos años por denuncias de corrupción administrativa atribuídas al alcalde asesinado, Benjamín Altamirano.

«La corrupción fue denunciada hace tiempo, pero ni la justicia ni el gobierno hicieron nada. El pueblo está enfurecido y aplicó la justicia comunitaria», dijo Gabriel Pinto, de esa comunidad. *