El gobierno de Venezuela acusa de "mercenaria" a la ONG HRW

José Miguel Vivanco, director de la Oficina para las Américas de HRW, explicó en Caracas que la petición del mecanismo obedece a «manipulaciones» que estaría aplicando el gobierno venezolano al poder judicial, con la aprobación en abril pasado de la nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Al presentar el documento «Manipulando el estado de derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela», Vivanco explicó la necesidad de aplicar la carta ante «las crecientes intervenciones que hace el gobierno a la independencia de los poderes públicos».

Incluso, exigió condicionar los préstamos que realiza el Banco Mundial (BM) al país sudamericano, pues dijo que la nueva legislación «diluye la autonomía de poderes y pone el poder judicial en manos de los intereses del gobierno».

El directivo subrayó igualmente la necesidad de defender la independencia del Tribunal Supremo, pues en él se pueden dirimir eventuales conflictos sobre los resultados del referendo revocatorio contra Chávez el 15 de agosto impulsado por la oposición.

«Evidentemente, una situación política tan delicada como la que vive Venezuela, hace muy difícil prever los resultados del referendo revocatorio y las elecciones», acotó Vivanco, quien estimó que la consulta podría arrojar «resultados muy estrechos» entre el gobierno y la oposición.

Vivanco señaló que el informe contra el gobierno venezolano será presentado el martes ante el Consejo Permanente de la OEA y recordó que toda intervención en este país debe tener el previo consentimiento del gobierno de Chávez.

En su primera reacción al informe, el vicepresidente José Vicente Rangel acusó a HRW de ser portavoz «de la peor política imperial» del continente, encarnada en su opinión por el gobierno estadounidense de George W. Bush.

Según Rangel, «es inaceptable que Vivanco, que es un mercenario al servicio de los poderes imperiales, venga con una desfachatez increíble a criticar el funcionamiento de nuestras instituciones, que son impecables desde el punto de vista democrático».

Pero Vivanco respondió en posteriores declaraciones: «Al escuchar al vicepresidente Rangel se hace muy difícil imaginar la idea de que el gobierno pueda actuar con madurez y con responsabilidad en esta materia».

«Yo lo interpreto como un esfuerzo por distraer la atención de la opinión pública sobre la base de descalificaciones gratuitas sin entrar en un debate sobre el fondo del problema», puyó Vivanco.

Aclaró que el informe no pretende «intervenir» en los asuntos internos de Venezuela, sino que hace uso del artículo 18 de la carta interamericana que establece sanciones «cuando un Gobierno produce violaciones que pudieran afectar el desarrollo de su proceso político». *