No cede huelga de hambre del MTP

El caso se arrastra ya hace años y pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha reclamado al Estado argentino que cumpla con las convenciones en la materia, lo real es que todos los atajos legales, judiciales o parlamentarios, siempre encuentran tropiezos.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, que busca darle una solución al problema, le pidió al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, a que impulse un recurso de revisión a favor de estos presos ante la Cámara de Casación. Pero Becerra rechazó por «improcedente» el pedido, camino que ayer entonces tomaron los abogados de los detenidos.

El jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni se declaró contrario a que los militantes del MTP consigan ser liberados por que son «delincuentes». El Ejército reprimió aquel asalto del tórrido enero de 1989, y aún no explicó qué pasó con varios detenidos que están desaparecidos, ni por qué utilizó incluso fósforo blanco para el desalojo de la unidad de infantería cuando el jefe de Policía Federal de aquel tiempo, había propuesto utilizar para el desalojo gases lacrimógenos.

Lo ocurrido en el cuartel aquel día sólo fue dilucidado parcialmente en los tribunales y ese es otro motivo para el reclamo para un nuevo juicio. Es lo que intenta el diputado del Frepaso, Ramón Torres Molina, que presentó un proyecto que pone a tono la ley de Defensa con el Pacto de San José de Costa Rica, que es una norma incorporada a la Constitución Nacional, que obliga al recurso de apelación.

El ex presidente Raúl Alfonsín, que lo era cuando ocurrieron los trágicos acontecimientos y que fue un damnificado político de los mismos, aprobó que la Alianza vote la iniciativa de Torres Molina. Pero el peronismo ha dicho que no lo acompañará, con lo que hirió al proyecto antes de cualquier debate.

Alternativas

El diputado justicialista, Mario Cafiero, planteó que el gobierno debía apelar al indulto y pagar el costo politico por esa decisión. Pero la Alianza que ha criticado a Carlos Menem por haber indultado a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, se niega a que Fernando De la Rúa aplique esa facultad constitucional. Diputados brasileños del Partido de los Trabajadores, así como antes legisladores de varios países latinoamericanos, se han sumado a muchos organismos de Derechos Humanos al reclamo para que se abra la nueva instancia judicial para los detenidos del MTP.

De conseguirse, casi todos los presos quedarían en libertad hasta que se realice el nuevo proceso. En todos los casos, ni Enrique Gorriarán Merlo ni su mujer, acusados de haber planeado la toma del cuartel, que han sido juzgados posteriormente y en doble instancia, serán beneficiados.

El MTP aún no dio una explicación convincente por su inopinada acción. Unicamente han reiterado que querían impedir un golpe «carapintada», oficiales facciosos de los años ´80, y niegan que hayan querido «tomar el poder». Pero el juicio por el que se los condenó, careció de las garantías constitucionales.

La situación de los huelguistas de hambre, al que se sumó el padre Fray Puijgané, que cumple su condena en un monasterio, ha sido calificada de «buenas». Pero la de Gorriarán Merlo y la de Roberto Felicetti, dirigente del MTP, es «regular», informó la subsecretaría de Derechos Humanos.

En este enmarañado proceso, es probable que se encuentre un resquicio para que los presos depongan de su actitud porque se dará satisfacción a sus reclamos. Veremos.