Movilizaciones piqueteras

Sin embargo, por sus disidencias internas, el peso de las protestas se ha debilitado aunque en algunos casos han tenido mayor impacto por la virulencia de algunas movilizaciones, sobre todo las que tuvieron lugar frente al edificio central de la petrolera YPF-Repsol, cuyas consecuencias judiciales están en procesamiento. La semana de lucha de los piqueteros duros termina el viernes con una marcha que, en Capital Federal, pasará por el Parlamento, los Tribunales y la Plaza de Mayo que es como ir a la Casa Rosada, asiento presidencial.

El plan de lucha comenzó a gestarse el pasado 16 de abril, durante la sexta Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT), tal el nombre que los piqueteros dan a sus encuentros. Pero entonces, hace apenas dos meses, de las discusiones participaban también la Corriente Clasista Combativa (CCC) y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), que lidera Raúl Castells.

Pero estas dos organizaciones han decidido hacer rancho aparte, aunque a la vez, están divididas entre ellas.

Castells encabezó la semana pasada las acciones en YPF-Repsol en reclamo de garrafas para comedores comunitarios y tiene planes propios al igual que la CCC, aunque algunas regionales de este sector participan de la Semana Federal que, aunque no se diga, tiene un objetivo adicional: exhibir su poder de movilización.

A muchos sectores y no únicamente a distintos grupos piqueteros les importa que con el debilitamiento de estas organizaciones gane espacio la criminalización del conflicto social. Hubo la anterior una semana de reflexiones y marchas contra ese reclamo que concluyó con un el planteo del tema ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. El pedido fue claro: «La Secretaría debe expedirse públicamente sobre cuál es su postura ante los fallos judiciales contra la protesta social y la gran cantidad de causas abiertas contra piqueteros y luchadores gremiales».

Con todo, los resultados de ese encuentro no despertaron demasiado optimismo y ahora pedirán una reunión con Néstor Kirchner.

Se comprende la alarma. Hubo un fallo del Tribunal de Casación por el cual el corte de rutas o calles y otros modos de protesta no gandhiana, constituyen un delito. Un fiscal bonaerense ordenó filmar algunas concentraciones de desocupados con fines que se consideran de fichaje y ante la Suprema Corte llega un caso de una maestra que fue condenada por participar de una marcha piquetera en la provincia de Río Negro;

Durante la jornada final de la semana de repudio a los fallos judiciales contra la protesta social se reafirmó la convicción que «la protesta social no es delito» y exigieron al Poder Judicial «cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo que implica desincriminar a los ciudadanos que reclaman el cumplimiento de los derechos fundamentales».

«Que los jueces no se conviertan en verdugos de los mismos a quienes deben resguardar», expresaron en el escrito, que luego presentaron ante la Corte Suprema, en cuyas manos está la resolución de un caso testigo: el de Marina Schifrin, la docente condenada a tres meses de prisión en suspenso por cortar una ruta de acceso a Bariloche. Esta causa se inició en 1997 y se convirtió en la primera que llega al máximo tribunal. Un dictamen de la Procuración General de la Nación aconseja revocar el fallo.

Son 4.000 los casos que están en trámite en tribunales que incluyen a trabajadores en actividad, como varios ferroviarios, que están procesados. Una promesa oficial de dictar una norma que saque de los estrados judiciales a los afectados está demorada: no se sabe sí por razones técnico-legales, o de tipo político. *