La equidad de género en riesgo

La Novena Conferencia Regional sobre la mujer, que comenzó el l0 de junio en la capital mexicana, examinará la aplicación de los compromisos internacionales adquiridos en el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, adoptado en la sexta Conferencia Regional en 1994 y reafirmado en 2000 por el Consenso de Lima. El trabajo tendrá como marco de referencia los compromisos internacionales relacionados con el adelanto de la mujer adoptados por las cumbres mundiales celebradas en los años 90, los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados por la Asamblea General de la ONU en Nueva York en 2000, y la Plataforma de Acción adoptada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, en 1995.

Participan representantes de los Estados miembros de la Cepal, miembros asociados, organismos del sistema de Naciones Unidas, observadores con carácter consultivo y las redes regionales de organizaciones no gubernamentales.

La delegación oficial uruguaya está integrada por Susana Rosa, de la División de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la preside; Lilián Celiberti por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong); Moriana Hernández por Cladem-Uruguay, y Lilián Celiberti, por la Comisión Nacional de Seguimiento-Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía.

Dependencia y pobreza

«Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe», el documento elaborado por Cepal para la oportunidad, indica que cerca de la mitad de las mujeres mayores de 15 años que viven en la región no tiene ingresos propios, mientras que sólo el 20% de los hombres se encuentra en la misma situación. Asimismo, el 36,1% de los hogares de la región estaba bajo la línea de pobreza y el 14,6% bajo la línea de indigencia, en 2002.

El documento señala que la autonomía económica, es decir, el hecho de que las personas cuenten con ingresos propios que les permitan satisfacer sus necesidades, tiene un papel central en la lucha contra la pobreza. La desigualdad de oportunidades que afecta a las mujeres para acceder al trabajo remunerado limita sus posibilidades de ser autónomas en términos económicos. Por ejemplo, en 2002, los ingresos que percibían las mujeres en el mercado del trabajo eran equivalentes al 68% de los ingresos masculinos. La tasa de participación de ellas en el mercado laboral era del 49,7% ese año y la de desocupación del 11,1%. Para los hombres, estas cifras eran de 81% y 7,7%, respectivamente.

Las mujeres rurales, negras e indígenas de la región, debido a la persistente discriminación social y racial que se suman a la desigualdad de género, se encuentran en condiciones de extrema desprotección y vulnerabilidad. Indígenas y negras están sobrerrepresentadas en el sector laboral más precario y peor remunerado, que es el del servicio doméstico, y predominan entre las personas analfabetas y sin ingresos, además de tener una expectativa de vida menor.

Las jóvenes en general aparecen como las principales afectadas por el desempleo, mientras que las adultas mayores sintetizan en su situación de desprotección todas las discriminaciones acumuladas a lo largo de la vida.

Cepal enfatiza que la mayor esperanza de vida para las mujeres latinoamericanas no se refleja en la calidad de los años que viven. Hasta la cuarta parte de las que están entre los 60 y 64 años no tiene cónyuge, y sus condiciones de vida empeoran si tuvieron un pasado laboral no remunerado, lo que conlleva la falta de acceso a la seguridad social.

El hecho de que una alta proporción de mujeres cónyuges, tanto en hogares pobres como no pobres, esté en una posición de dependencia en relación al jefe de hogar, hace que su autonomía económica y su capacidad de decisión se vean mermadas. Además, esta situación de vulnerabilidad se agrava en caso de viudez, ruptura matrimonial o desintegración familiar, «lo que debe ser enfrentado con políticas adecuadas que atiendan a la mejor distribución de la riqueza, los activos, las oportunidades laborales y el tiempo», afirma el documento.

Según la Cepal, los estudios confirman que las mujeres invierten más tiempo en actividades no remuneradas que los hombres, lo que indica que ellas tienen días más largos de trabajo que van en detrimento de los niveles de salud y nutrición.

El costo del ingreso al mundo público ha sido pagado principalmente por las mujeres, quienes han desarrollado múltiples estrategias para optimizar el uso del tiempo, dada la falta de políticas que fomenten la participación de los hombres en las tareas domésticas. Al decir de Sonia Montaño, jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo de Cepal, «las mujeres han salido a trabajar, pero los hombres no han entrado en la cocina».

Control del cuerpo

En relación a los derechos reproductivos, la autonomía del cuerpo de las mujeres debería implicar el acceso a condiciones adecuadas de salud sexual y reproductiva que detengan la mortalidad materna (para Cepal, el mejor indicador de la desigualdad que existe en la región), las tasas de fecundidad no deseada y habiliten a las mujeres para contribuir a la salud familiar, las que deben contemplarse ligadas a la lucha contra la pobreza. El riesgo de morir por causas vinculadas al parto y al embarazo sigue siendo alto en varios países de América Latina, en especial en Haití, Bolivia y Perú, donde se producen más de 200 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos, mientras que en 9 países más esta proporción alcanza entre 100 y 200.

Según el documento, a esta iniquidad se suman los dramáticos efectos del sida, cuyo impacto sobre las mujeres es muy grave y comienza a ser objeto de preocupación pública, especialmente en las naciones de la cuenca del Caribe.

Escasa participación política y mucha violencia

Entre los desafíos para alcanzar la equidad de género, el organismo de Naciones Unidas señala que el tema de la violencia sexual aún aguarda su lugar en las agendas legislativas. Altos niveles de impunidad, mala coordinación interinstitucional, débiles relaciones entre Estado y sociedad, y prácticas culturales que alientan la culpabilidad de la víctima, son algunos de los obstáculos para la institucionalización de normas y programas de violencia hacia las mujeres.

En materia de participación política, el documento de Cepal indica que, a pesar de que su incremento ha sido importante, el promedio regional está por debajo del 30% en casi todos los países de la región, a excepción de Cuba (36%), Costa Rica (35%) y Argentina (32%). En los demás países, el promedio es de 15% de mujeres en cargos de elección popular.

En el futuro, recalca el documento de la Cepal, es necesaria una mejor articulación de las políticas económicas, sociales y ambientales capaces de conjugar los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Desde una perspectiva de género, este enfoque integral debiera incluir tres desafíos fundamentales: la redistribución del poder, los ingresos y los activos y el tiempo.

Sociedad civil: ni un paso atrás de Pekín

Las 400 mujeres de la región que asisten a la conferencia dieron su aval, en general, al contenido del documento evaluatorio de la Cepal. No obstante, hicieron algunas precisiones, como la de Sonia Montaño, quien considera en varios puntos parece aceptar como un hecho que el trabajo de las mujeres es flexible, y puede no ser remunerado mientras que el de los hombres se tiene que pagar el doble. Más les preocupa la presión velada que está ejerciendo la derecha, situación que tensó el ambiente en algunas mesas de trabajo, e incluso supone el riesgo de divisiones en la reuni