Jefe del Ejército argentino dice que no hay impunidad

El jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, advirtió que «aquellos militares que hayan estado implicados en hechos delictivos y que la justicia determine su participación en ellos, automáticamente son eliminados de la fuerza». Así comentó el caso del teniente coronel Bruno Laborda que confesó haber participado en fusilamientos y torturas en los años del terror y que ahora deberá contarle todo a la justicia federal de Córdoba que es donde ocurrieron los graves casos narrados por el oficial en actividad. El más alto jefe militar añadió que le parece «un buen síntoma» que aparezcan los «arrepentidos».

Laborda se autoincriminó y lo que está en el expediente del Ejército es desgarrador. «Arrodillada y con los ojos vendados, recibió los impactos de más de veinte balazos. Su sangre, a pesar de la distancia, nos salpicó a todos. Luego siguió el rito de la quema del cadáver, el olor insoportable de la carne quemada y la sepultura disimulada propia de un animal infectado».

Esto es un trozo de la confesión de Laborda que a 25 años de lo ocurrido, suena como la bala que aún faltaba por incrustarse en el cuerpo de una de sus víctimas durante la dictadura militar: «Una madre que había dado a luz un día antes un hijo del que nunca se supo nada más», relató.

Es probable que el teniente coronel haya considerado para recordar de pronto que no se tuvieron en cuenta sus «méritos militares», como se refiere a las violaciones de los derechos humanos cometidas, para que en su legajo hubiera méritos para ascender al grado superior. En todo caso recordó a sus superiores que otros oficiales hicieron lo mismo que él y fueron ascendidos.

Pero ya son otros momentos históricos ya que desde el poder se aplica una política contra la impunidad, de no cerrar las investigaciones y condenar a los que violaron los derechos humanos. El general Bendini dijo ayer al referirse a la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que es una de las claves de este proceso, aunque pueda haber una sorpresa en el Tribunal de Casación Penal, que hay que concluir el ciclo judicial para que finalmente se sepa quién es culpable y quién no. Es decir, debe intervenir la Justicia. Algo más: Laborda, hijo de una familia de militares con antecedentes en actos represivos, intentó una vez descargar su conciencia en un sacerdote, quien lo perdonó por actuar como «soldado de la Iglesia». No es extraño: un sector de la Iglesia respaldó la represión y no pocos dignatarios, ahora, quisieran que no se hable más del pasado. Y esta postura choca con las expectativas que tiene Néstor Kirchner.

Laborda tendrá que declarar el próximo lunes ante la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, quien solicitó al juez porteño Juan José Galeano el traslado del militar que reconoció su culpabilidad y la de otros miembros del Ejército en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. La confesión incrimina a sus jefes en el Batallón de Comunicaciones de Comando 141, los coroneles Orlando Oscar Dopazo y Enrique Aníbal Solari

Los datos que este oficial en actividad presentó ante las autoridades castrenses en un escrito de 15 hojas generaron gran expectativa en los funcionarios judiciales y miembros de organismos de derechos humanos locales, ya que es la primera vez que no es una víctima de la represión la que habla de los crímenes cometidos en esta provincia: «Que sea un militar el que quiebra el pacto de silencio que impera aquí es un hecho tan importante como inesperado», coincidían.

Las revelaciones de Laborda llegan en un momento crucial en la Justicia de Córdoba: es inminente que la jueza dicte la prisión preventiva a quien estaba al frente del Tercer Cuerpo de Ejército, Benjamín Menéndez, y a otros ocho militares que se encuentran imputados y detenidos.

La prisión preventiva sería un escalón más en la investigación del Juzgado Nº 3 e indica que se acumuló gran cantidad de pruebas contra los acusados. «Es el paso previo a la elevación a juicio, lo que sería histórico en una provincia donde la represión estuvo cimentada en todos los estamentos del Estado, no sólo en las Fuerzas Armadas», señalaron expectantes a Pagina/12 representantes de organismos de derechos humanos cordobeses.

Se aguardan muchas novedades. *