Gobierno de EEUU justifica la tortura

Según el diario The Washington Post, el departamento de Justicia norteamericano estimaba en agosto de 2002 en un memorando dirigido a la Casa Blanca que recurrir a la tortura en la lucha contra el terrorismo podía justificarse por argumentos de legítima defensa.

El diario afirmó que en agosto de 2000, el memorando fue enviado por la oficina de asesoría legal del departamento de Justicia en respuesta a una solicitud de la CIA y que estuvo dirigido al consejero de la Casa Blanca Alberto Gonzalez.

Pero Ashcroft, que aseguró el martes que el gobierno «rechaza el empleo de la tortura», se negó a facilitar una copia de este documento a los congresistas del comité Judicial del Senado, suscitando la ira de la oposición demócrata.

«Se trata de una afrenta al Congreso», denunció el senador demócrata Joseph Biden.

El texto de 56 páginas obtenido por el Post afirma que las leyes internacionales contra la tortura «pueden ser inconstitucionales si se aplican a interrogatorios» realizados en la guerra contra el terrorismo.

Torturar a un sospechoso cautivo «puede ser justificado» si el funcionario del gobierno de Estados Unidos que aplica la tortura «lo hiciera para prevenir posteriores ataques contra Estados Unidos por parte de la red terrorista Al Qaeda», dice el memorando del departamento de Justicia, según The Washington Post.

El memorando de agosto de 2002, señala el Post, también argumenta que infligir daño moderado o momentáneo no constituye necesariamente tortura, que «debe ser equivalente en intensidad al dolor que acompaña una seria herida física, tal como daño en un órgano, impedimento de una función corporal o incluso la muerte».

Los argumentos centrados en «la necesidad y la autodefensa pueden brindar justificaciones que podrían eliminar cualquier responsabilidad criminal» posterior, se afirma en el informe de 50 páginas firmado por el fiscal general asistente Jay Baybee.

Según el cotidiano, ese memorando de 2002 sirvió de base al informe secreto de marzo de 2003 que prepararon los abogados del Pentágono para el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, luego de que comandantes de la base naval de Guantánamo (isla de Cuba) se quejaran de que no estaban obteniendo suficiente información de sus prisioneros. The Wall Street Journal reveló el lunes el informe de 2003.

El New York Times afirmó por su parte haber obtenido toda una serie de informes, incluido el de marzo de 2003.

El diario cita un memorándum redactado en enero de 2002 por el departamento de Justicia y que dio argumentos para evitar que los responsables estadounidenses fueran ante la Justicia por crímenes de guerra debido al tratamiento de los prisioneros.

El lunes, un portavoz del Pentágono desmintió el lunes que la tortura haya sido permitida en Guantánamo. «Entre los procedimientos (de interrogatorio) que fueron autorizados en Guantánamo, que fueron aceptados por la secretaría de Defensa, ninguno puedo ser considerado como tortura», dijo Larry DiRita.

El informe de los abogados del Pentágono en marzo de 2003 estima que el presidente George W. Bush, en calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, habría tenido el poder de autorizar actos sicológicos o físicos que iban hasta la tortura durante los interrogatorios, cuando se trataba de obtener «informaciones vitales susceptibles de proteger a miles de estadounidenses».

Un portavoz de Human Rights Watch expresó su alarma respecto al memorando de 2002.

«Es por lejos lo peor que he visto desde que estalló este escándalo de Abu Ghraib», dijo Tom Malinowski, refiriéndose a la prisión en las afueras de Bagdad en la que militares estadounidenses abusaron y torturaron a prisioneros iraquíes. *