Escepticismo ante plan de Cardoso

En la Cámara de Diputados, el «paquete» de medidas fue recibido con poco entusiasmo hasta por líderes que apoyan al presidente Cardoso en el Congreso Nacional, como el diputado Inocencio de Oliveira, del conservador Partido Frente Liberal (PFL).

De Oliveira señaló que «el presidente debería haber consultado a los gobernadores, responsables por las policías civiles y militares y los presidios».

El gobernador de Pernambuco, Jarbas Vasconcellos, sostuvo que «el Gobierno Federal debería desencadenar un ataque frontal a las causas que originan la violencia, adoptando una política clara de empleos y distribución de la renta para reducir los índices de marginados».

El presidente Cardoso anunció el martes un ambicioso plan de combate a la violencia, el narcotráfico y el contrabando de armas con la adopción de 124 medidas, 14 de ellas consideradas básicas, con recursos de 1.500 millones de dólares para ser utilizados hasta el año 2002.

Entre las principales medidas incluidas en el plan se destacan: la suspensión por 180 días, a partir de hoy, del registro de armas, el refuerzo del patrullaje de las fuerzas armadas en las fronteras de Brasil con otros países y la intensificación de la vigilancia en aeropuertos y puertos del país.

También se realizarán operativos en las ciudades de San Pablo, Río de Janeiro, Salvador, Belem, Recife y aquellas vinculadas al entorno de Brasilia, de apoyo a las policías civiles y militares, Policía Federal y Policía Vial Federal, entre otros de los puntos fundamentales.

Varios legisladores del Congreso Nacional y algunos gobernadores manifestaron hoy que el «plan llega con mucho atraso».

El gobernador de Río Grande del Sur, Olivio Dutra, recordó que ya el Gobierno Federal cortó el equivalente a 4.000 millones de dólares del Presupuesto destinado a las áreas sociales por seguir disposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

También criticó el plan el diputado José Genuino, del Partido de los Trabajadores (PT), al puntualizar que «en general, el plan es débil, sin consistencia, porque no tuvo la participación de los gobernadores y porque los criterios para la distribución del dinero aún no están claros».

Uno de los puntos que los parlamentarios, en general, consideraron «positivo» fue la transformación, en la práctica, del Ministerio de la Justicia como responsable por la seguridad pública del país, a cargo del ex secretario de los Derechos Humanos, ministro José Gregori. Pero reclamaron la falta de ataque a las causas que originan la violencia «porque no existen anuncios de programas en el área social y el gobierno continúa trabajando con la hipótesis represiva», afirmó hoy el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

«El paquete de medidas, por encima de todo, debería prever inversiones en los bolsones de miseria que, por lo que fue anunciado, no se contempla», dijo el presidente de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) del Narcotráfico de la Cámara de Diputados, Magno Malta, del Partido Trabalhista Brasileño (PTB).