Disturbios en Cámara de Diputados de Chile

La propuesta, que el presidente Ricardo Lagos remitió la víspera al Parlamento para su aprobación inmediata, establece un «secreto profesional» para mantener bajo reserva la identidad de quienes, en un plazo de seis meses, entreguen antecedentes sobre lo que ocurrió con más de un millar de desaparecidos.

El procedimiento fue acordado el pasado 13 de junio en la mesa de diálogo que durante casi 10 meses reunió a los militares y las organizaciones humanitarias.

Un centenar de familiares de detenidos desaparecidos bajo el régimen de Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990, se instalaron en las tribunas de la Cámara, para repudiar el proyecto de ley que, según afirmaron, «impide hacer justicia» y «consagra la impunidad».

Representantes de las bancadas de la oficialista Concertación Democrática, que encabezan el socialismo y la Democracia Cristiana, intervinieron en la sesión para respaldar la propuesta, al igual que los legisladores de la oposición derechista.

«Â¡Justicia, justicia, queremos justicia!», gritó el coro de los familiares, que interrumpieron el debate y fueron desalojados por la policía, tras una orden del presidente de la Cámara, Víctor Barrueto.

Tras su aprobación en la Cámara, donde es mayoría el oficialismo, la ley debe ser ratificada en el Senado, donde existe un equilibrio entre la Concertación y la derecha.

Los disturbios del Parlamento, que tiene su sede en Valparaíso, 100 km al oeste de Santiago, estallaron a la misma hora en que el presidente Lagos recibía en el palacio de La Moneda a la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

«Lo único que estamos haciendo es lo que siempre he dicho: quiero aparezcan los desaparecidos», reiteró Lagos, en breves declaraciones antes de recibir a los familiares.

«El respaldo que ha tenido esta iniciativa creo que ha sido suficientemente importante y significativo en el país», agregó el mandatario socialista.

A ese respaldo se sumó este miércoles la Iglesia Católica, a través de una declaración de la Conferencia Episcopal, que manifestó su disposición a recibir los informes que entreguen las Fuerzas Armadas sobre el paradero de los desaparecidos.

«La Iglesia Católica colaborará en esta imprescindible y permanente tarea nacional», señaló el comunicado de los obispos.

Además de sus protestas en la sede del Poder Legislativo, los familiares de los desaparecidos pidieron el martes al Poder Judicial que declare inconstitucional la propuesta de la mesa de diálogo.

«Hemos presentado un recurso de protección para que se declare inconstitucional el acuerdo de la mesa de diálogo», informó el abogado Alfonso Insunza, al entregar la petición en la Corte de Apelaciones de Santiago.