Criminalizan protestas sociales

Como cuando los desocupados, y no solamente ellos, recurren a la vía pública, el tránsito en zonas tan sensibles y concurridas, se disloca. Pero los problemas están y, entonces, se reiteran las movilizaciones.

Desconocer que estas manifestaciones no generan problemas e irritación, no es realista. Al punto que la Cámara de Casación falló comunicando que cortar calles o rutas «es delito».

La cuestión se pone más brava porque en La Plata el fiscal Marcelo Romero, ordenó a la policía filmar y fotografiar a los piqueteros que «porten armas impropias, como palos, caños y escopetas de fabricación casera, en los cortes de calles que se registren entre el 1° y el 15 del mes actual», en esa ciudad.

Los piqueteros que sean identificados con estos elementos serán juzgados por el delito de intimidación pública, que tiene una pena de entre 2 y 6 años de prisión, precisó el fiscal. No son pavadas,

Va de suyo que la orden fue cuestionada con dureza por las organizaciones de desocupados, que pidieron juicio político para Romero, a quien acusaron de «nazi y fascista». En tanto, Romero Juró que la orden que impartió no constituye una actividad de inteligencia, sino una «reunión de elementos convictos de cargo», para una investigación del ministerio público fiscal.

Es real que algunos piqueteros cubren sus rostros, influencia del zapatismo, pero sobre todo porque cuando los fichaban en el pasado, especialmente a algunas de las organizaciones de piqueteros, luego de las marchas la policía iba a la búsqueda de militantes y muchos fueron torturados.

El líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, expresó: «nos tratan como a delincuentes pero no nos van a amedrentar. Los palos los usamos para seguridad interna.

No para golpear. De todas formas, los servicios de inteligencia ya tienen nuestros nombres, domicilios y hasta número de calzado».

En tanto, el diputado bonaerense y líder de la Federación Tierra y Vivienda, Luis D´Elía, un aliado de Néstor Kirchner, advirtió que el fiscal Romero es «un energúmeno provocador» de perfil «antidemocrático» y lo acusó de judicializar la protesta piquetera.

Un letrado explicó: «No veo delito en portar un palo. Un palo no es arma hasta tanto se utilice como tal. Y, por tanto, si no se utiliza, no es un arma impropia».

Añadió que «el procedimiento de filmación no es nuevo. De hecho, la policía ya lo hace abiertamente y no tan abiertamente».

La senadora frentista Diana Conti escribió ayer en Pagina 12 que «criminalizar la protesta social, la pobreza, la exclusión, cuando de ello se habla es, entonces, toda tendencia a convertir en delito expresarse, manifestarse, protestar, ser pobre, ser excluido.

Tendencia ideológica obviamente injusta, inconstitucional, ilegal, tendencia que trata de restringir, reglamentar, ordenar ejercicio de derechos o peor, penalizar por calidades indeseadas por quienes las soportan, que no lesionan bienes de otros, sino que constituyen una indignidad humana que le han adjudicado otros».

Y añade que » más allá de fallos judiciales que en determinado hecho fáctico concreto pudieran determinar que un acto de protesta con determinadas circunstancias se vea alcanzado por el derecho penal, la cautela de las autoridades públicas reflejada en la no represión, siempre debe ser apoyada, alentada y respetada.

Aun habiendo resultado dañosos o molestos en las protestas, siempre serán menos injustos y estará más asegurada la coexistencia pacífica social que si la represión con uso de fuerza fuera la pauta de acción ordenada».

La sensata opinión de la legisladora es mutatis mutandis la del gobierno pero no siempre es compartida por sus pares y como están las cosas, se profundizara la criminalización de las protestas. Hay fallos que están a consideración de la Suprema Corte de Justicia y por eso, un grupo de piqueteros del Movimiento Teresa Rodríguez, sin agenda pautada, hablaron de la cuestión con Eugenio Zaffaroni, integrante del más alto tribunal.

«Lo que le hemos planteado al ministro Zaffaroni es que se ponga fin a la judicialización de la protesta social», explicó el líder de esa fracción de los piqueteros, Roberto Martino.

Zaffaroni, el más progresista del alto tribunal oyó este concepto: «Si se cumplieran todos los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, no habría razón para reclamar». Así es. *