Dura polémica con el gobernador Solá

Hay varios asuntos que harán de esta una semana agitada o compleja. Hoy, acaso, Kirchner defina cuál será la oferta concreta para los tenedores de bonos de la deuda por 82 mil millones de dólares, en cesación de pagos desde diciembre de 2001.

El esquema sería el mismo de mantener una quita del 75% pagando Argentina según su superávit del 3% del PBI, pero lo nuevo vendría por el reconocimiento de los intereses acumulados que sumarían otros 22 mil millones de dólares. Las especulaciones de las últimas horas rondan sobre cómo se explicará a la opinión pública el ingreso de los intereses al monto a pagarse, porque no estaba contemplado en la propuesta inicial del pasado septiembre en Dubai, en una cumbre del FMI.

Lo cierto es que habrá novedades en la materia porque hay un compromiso que en junio se definirían las maneras en que se pagará a los acreedores y porque hay fuertes presiones de Fondo y del Departamento del Tesoro para que Argentina mejore la propuesta de Dubai.

Kirchner además regresa en medio de una polémica que hizo pública el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, que reclama le paguen unos 150 millones de dólares que asegura le adeuda el gobierno nacional.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, lo negó en más de una ocasión pero ayer introdujo un matiz. Aunque dijo que el gobierno nacional «no le debe absolutamente nada» a Buenos Aires, afirmó que en 1987 a la Provincia «se la despojó de 7 u 8 puntos de coparticipación».

El asunto no es menor ni por el monto que se agita ni por lo que representa Solá en la estructura de poder político: es que el hombre fuerte del peronismo bonaerense, Eduardo Duhalde, en funciones diplomáticas dentro del Mercosur, respalda al gobernador.

Pese a que se niega con vehemencia, la polémica esconde en rigor un posicionamiento del bonaerense alrededor de otro tema de campanillas, la nueva ley sobre coparticipación federal, es decir, cómo se reparten equitativamente, los impuestos nacionales.

Hay un retraso de casi una década en terminar por definir la ley y existe un interés especial por parte del FMI en que esa norma se establezca: hay un compromiso asumido por Kirchner en el acuerdo actual y donde con la deuda externa son los capítulos más importantes para cuando los escrutadores del organismo financiero venga aquí a ver cómo se cumple lo convenido.

Solá y Fernández estuvieron estos días sacando los trapitos al sol, cosa que no le hace muy bien al oficialismo. Tal vez por ello el ministro del Interior, quien calificó de «irresponsable» al gobernador, reconoció ayer, para acabar con la riña que «es justo» su insistente reclamo. Pero aseguró que esa situación «no se resuelve por los diarios».

Solá incluso dijo que Kirchner no atendía sus llamados telefónicos.

El ministro se quejó de que «alguien de la administración bonaerense se animó a decir que el gobierno no pagaba una cuota de la deuda porque extorsionaba al gobernador para firmar la coparticipación», lo que a su juicio es «una aberración».

Pero cualquier observador sabe, más allá de considerarse como válido el adjetivo, que la coparticipación está haciendo difícil la relación del gobierno con casi todas las provincias.

Durezas mutuas para hacer valer cada uno sus derechos, la vieja puja de intereses. *