La crisis de Aerolíneas Argentinas en debate

Argentina y España van camino al deterioro de sus relaciones, al menos en el ámbito económico, cuyo eje es la engorrosa situación de la empresa Aerolíneas Argentinas a la que el capital hispánico que la adquirió en tiempos de Carlos Menem, la llevó a la bancarrota.

Quien compró a «Su Compañía», como con orgullo calificaban aquí a su línea aérea, fue el Estado Español, dueño de Iberia, el que formalmente la operó desde 1992, con un interregno fracasado de American Airlines. Ahora en estado de asfixia, pone en peligro 14.000 puestos y que este país no contará con una línea que la represente.

El gobierno español ha enviado mensajes con planes de salvataje que incluyen un ajuste sensible, porque dejaría afuera a unos 1.600 empleados, una poda de sueldos y dejaría de operar en destinos de cabotaje, sobre todo, que no se consideran rentables.

Los sindicatos aéreos han denunciado no desde ahora, que Iberia «vació» a AA. Cuando la adquirió a precios irrisorios, tenía 30 aviones propios y hoy virtualmente ninguno, liquidó edificios aquí y en el exterior, vendió un simulador de vuelos con cierta sofisticación. ¿Quién se hace cargo de este desguace y de la multimillonaria deuda que hoy tiene Aerolíneas Argentinas», se preguntan sindicalistas y legisladores nacionales. «El gobierno argentino debe exigir que el español asuma el pasivo de la empresa», reclamó el diputado demócrata progresista Alberto Natale.

El ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, estudia una contraoferta a la presentada por el Estado español, para poder salvar de la quiebra a la compañía. Pero el gobierno argentino no está dispuesto a hacer aporte de dinero, lo ha dejado librado al sector privado, así que la preocupación en el gremio aeronáutico es que ellos serán la variable de ajuste, pero ni siquiera valdría la pena el esfuerzo porque no hay un plan serio como para reflotar a la empresa, según los expertos. «Pareciera que Madrid quiere en rigor, cerrar la compañía», sospechan.

Pero acaso la reticencia española tenga que ver no sólo con la doble A, sino que en Madrid podrían utilizar este caso sensible para defender más intereses ibéricos aquí que pueden ser perjudicados por la orientación oficial de desregular los servicios públicos.

¿Hay persecución a España?

En primer lugar, está el caso de las companías telefónicas. «Telefónica Española» compartió desde fines de 1989 con la francesa «Telecom», el control absoluto del servicio, con millones de usuarios cautivos a los que se les han impuesto tarifas gravosas pero, eso sí, beneficios fabulosos incrementados con canonjías que en 1994 le otorgo el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, como eximirlas de pagar el aporte patronal para las cajas de jubilaciones, un monto que hoy un sector de la Alianza y el justicialismo demanda reinplantar para no hacer demasiado pesado el ajuste sobre sectores de menores ingresos.

Fernando de la Rúa llevó la semana pasada a los EEUU la promesa de la desregulación del mercado telefónico que permitirá a las companías norteamericanas incursionar con mayor fuerza que ahora (lo hacen en una franja de la telefonía celular), lo que redundará en una caída del peso del capital español en este sector.

Lo mismo parece que ocurrirá en el sector energético. Privatizado por Menem a principios de los 90, quedó en manos de dos empresas, «Edenor» y «Edesur», con fuerte presencia chilena. Pero desde hace poco una empresa española, «Endesa», tiene un huevo en cada una de ellas, con lo que se profundizó el monopolio del servicio.

¿Existe una política antiespañola, como lo creen los ejecutivos de ese país? En el Ministerio de Economía descartan de plano semejante persecución o prejuicios y sostienen que los tres casos contados tiene cada uno su propia especificidad e historia.

Los funcionarios se defienden: «Desregulamos para romper monopolios; no para debilitar a los españoles y en el caso aéreo, es evidente que la incompetencia de la gestión es la que llevó a AA al borde del colapso», explican.

Si Madrid quiere hacer con todo un paquete para mejorar su posición es un misterio. Que hacen lobby es evidente: De la Rúa no pudo llevar el decreto de desregulación telefónica redactado porque alguien modificó su redacción y provocó más confusión que satisfacción ante los eventuales inversores en el sector.

En la Alianza observan que el súbito endurecimiento del bloque de Senadores del peronismo, que derogó los instrumentos clave del último ajuste, debilita a los funcionarios del área económica cuando deben batallar en este frente conflictivo.