Ex guerrilleros mexicanos se pronunciaron por la vía legal

Integrados en organizaciones sociales o políticas legales, ex guerrilleros mexicanos que tomaron las armas en los 60 y 70 para combatir al régimen, pidieron a los rebeldes actuales que retomen la vía legal y al próximo gobierno que dicte una amnistía.

En un «Compromiso de Unidad», del que forman parte organizaciones civiles, indicaron a los actuales combatientes que es necesario «establecer un diálogo con la sociedad civil para construir puentes que permitan arribar a una nueva oportunidad pacífica y legal para buscar la solución a las causas que los llevaron a la lucha armada», según un documento remitido a la AFP.

Ex militantes de grupos armados como Liga Comunista 23 de Septiembre (LC-23), Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil (Mire) y Unión del Pueblo, lanzaron un llamamiento «a los grupos armados que existen actualmente para que se incorporen al diálogo y a la lucha pacífica, abierta y legal».

El mensaje es claro para los rebeldes que integran los ejércitos Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Popular Revolucionario (EPR) y Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), que actúan en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, todos del sur más pobre de México.

Organizaciones civiles como Coordinadora Ciudadana, Alianza Civica, Vertebra, México Unido Contra la delincuencia, son integrantes del «Compromiso de Unidad», en el que se solicita al gobierno y a las guerrillas que declaren una tregua con vistas a los comicios presidenciales del 2 de julio próximo.

El compromiso pidió al presidente Ernesto Zedillo que «declare un armisticio unilateral» para todos los grupos armados que actúan en México, petición que también envió a los rebeldes. Jorge Poo, ex combatiente de la LC-23, sostuvo que «no se trata de un llamado a la claudicación, ni siquiera a que se rindan.

No se trata de un llamado a la traición de sus principios y aspiraciones», sino de transitar por las vías legales y pacíficas.

Advirtió que la guerra de guerrillas ha tenido y «tiene un costo altísimo, porque en ella todos pierden».

Teresa García, que fue guerrillera de la Unión del Pueblo, sostuvo que «en estos momentos no se justifica la lucha armada, pero tampoco es justificable la extrema pobreza», pues en México cerca de 40 de sus 100 millones de habitantes viven en la pobreza, incluso 17 de ellos en condiciones extremas.

Los ex rebeldes armados también exigieron medidas para saber la suerte de los cientos de desaparecidos registrados en la época dura de la lucha contra guerrilla de los años 70, así como el asesinato de unos 500 militantes de partidos políticos legales.

Asimismo, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, dirigente de Coordinadora Ciudadana, explicó que el «Compromiso de Unidad» tiene una gran importancia para las elecciones de julio, donde muchas de las agrupaciones que lo signan actuarán como vigilantes del proceso.

Los principales grupos guerrilleros de México son el EZLN, EPR y ERPI, pero fuentes oficiales y periodísticas indican que en el país habría más de una decena de organizaciones armadas, algunas ramificaciones de los más fuertes.

El secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes, afirmó que no hay ningún operativo especial para el día de las elecciones ante la eventualidad de un accionar guerrillero, ni siquiera en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde las guerrillas tienen mayor presencia