La pena de muerte y la campaña electoral norteamericana

l tema es profundamente político y está presente en la campaña electoral para las elecciones presidenciales en noviembre próximo, para las cuales se presenta como candidato por el Partido Republicano el actual gobernador de Texas, George Bush hijo, ferviente defensor de la pena de muerte. Bush dijo que no hay necesidad de una moratoria de las ejecuciones porque en su estado se administra la justicia con todas las garantías.

Veamos algunos hechos de la mentada buena administración de la justicia en el estado gobernado por Bush. En la cárcel estatal de Huntsville, en Texas, se informó recientemente, esperan un total de 450 personas las ejecuciones de las condenas de muerte en una especie de jaulas de tres metros cuadrados, sin ventilación adecuada y completamente aislados. Hubo casos de espera de más de 20 años para el día de la ejecución. Helen Prejan, una monja que atiende condenados a muerte en un bloque carcelario en Texas, recuerda que el gobernador George Bush se negó a postergar la ejecución de Betty Lou Beets, que había sido condenada en 1985 por el asesinato de su esposo, quien la sometió sistemáticamente a malos tratos. Betty fue ejecutada el 24 de febrero del corriente año. La monja recuerda que el día en que Bush inició su gestión como gobernador de Texas se llevó a cabo una ejecución, y desde entonces fueron ejecutados tan sólo en Texas 131 personas.

Según un informe de Amnesty International, hubo en 18 estados federales de los EEUU un total de 66 ejecuciones en 1999, la mayoría de ellas con inyecciones de veneno. Pero se ejecuta también en la silla eléctrica, en cámaras de gas, en la horca y por fusilamiento. Lo que desmiente categóricamente a los partidarios de la pena capital, que alegan que la muerte es «limpia y rápida». Un ejemplo ofrece la ejecución del ciudadano Tommi Smith en Indiana, donde el equipo ejecutor buscó sin éxito durante 16 minutos una vena adecuada en un brazo del condenado. Un médico llamado con urgencia fracasó también al intentar introducir la aguja en una vena del cuello de Smith. Sólo 36 minutos después se consiguió inyectar el veneno letal en un pie de Smith, que soportó a plena conciencia el procedimiento.

Los ciudadanos estadounidenses apoyan mayoritariamente la pena de muerte, si bien se registra un descenso, alcanzando este año el 68 por ciento de adherentes, siendo el registro más bajo en los dos últimos decenios. Los adversarios de la pena de muerte se encuentran no solamente en minoría, sino son tildados en la campaña electoral, ya en pleno desarrollo, de «blandos» en la lucha contra la criminalidad. «No veo a nadie de los candidatos a ocupar la silla en la Casa Blanca que esté dispuesto a manifestarse abiertamente contra la pena de muerte», por miedo de perder votos, dijo la ya mencionada monja Helen Prejan. El miedo de los norteamericanos ante la criminalidad es atizado y aprovechado por los políticos y por supuesto también por los candidatos en las elecciones presidenciales, para justificar por un lado el porte y la venta de armas a particulares, que es, sin duda un gran negocio, y las condenas a muerte. El vocero de George W. Bush, Ari fleischer, manifestó su preocupación y la de su jefe político, por que los resultados del estudio de la Universidad de Columbia puedan ser utilizados para promover la derogación de la pena de muerte.

Un capítulo aparte merecen los «graves errores» que más bien son horrores de un sistema judicial, muchas veces determinado por la capacidad financiera del encausado para contratar abogados influyentes. No obstante, sólo en 24 de los 26 estados donde se apelaron las condenas a muerte, la tasa de error era del más del 52 por ciento. El estudio de marras señala otro horror: el promedio de nueve años que demora la revisión de un caso, lo que significa, lisa y llanamente, que los condenados a muerte se pudren en los calabozos, esperando el sí o el no de la apelación.

Recuerdo haber escrito sobre el tema, señalando que la pena de muerte existe en más de cien países. ¿No habrá llegado el momento de ir a su abolición? Quizás las revelaciones del estudio de la Universidad de Columbia replanteen esta demanda humanitaria.