Juicio a los generales

El documento, titulado «Orden de Operaciones Número 9/77 zona I (del Ejército, a cargo de Suárez Mason, NDR) y al que tuvo acceso ANSA, da indicaciones para «operaciones encubiertas», es decir ilegales, según aclaró el testigo José Luis García, un coronel en retiro desde 1972, cuando se rebeló contra la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse junto a un grupo de oficiales «todos jefes de unidad».

Tras explicar que las Fuerzas Armadas proseguirán las «operaciones en desarrollo (al 13 de junio de 1977, fecha del documento, NDR) para lograr el aniquilamiento del oponente», el apartado tres del texto se refiere al «incremento de las operaciones militares y de seguridad».

El documento explica sin rodeos que «las operaciones encubiertas deberán procurar mayor precisión» para «mantener el temor del oponente», entre otros objetivos.

Ante los jurados de la Corte D’Assise (Tribunal penal), García definió como «señores de la vida y la muerte» a Suárez Mason y a sus colegas a cargo de las diferentes zonas en que la dictadura militar dividió el territorio argentino, entre ellos al ex general Santiago Omar Riveros, otro de los imputados del proceso italiano.

«Cada comandante (de zona) tenía todo el poder político, militar y judicial, y sobre la vida de las personas», destacó García, quien también dio testimonio de la directiva «504 o ‘Peugeot'» de 1977 firmada por Jorge Rafael Videla y destinada, precisamente, a modificar las zonas y asignar una parte de la provincia de Buenos Aires a cargo de Riveros.

El testigo «dejó bien clara la responsabilidad y culpabilidad de los dos ex generales» acusados en el juicio de Roma, según destacaron fuentes de la Fiscalía. García declaró asimismo que «los secuestrados eran fusilados, recibían un tiro en la nuca y eran sepultados como NN, se los hacía ‘volar’ con explosivos o eran arrojados al Río de la Plata o al Atlántico desde aviones de las Fuerzas Armadas».

El coronel retirado dijo también que el adiestramiento represivo de oficiales, suboficiales y de algunos soldados se realizó en la Escuela de las Américas de Panamá, en Fort Gulick (Estados Unidos) y en bases estadounidenses de Corea del Sur y Taiwan.

Los otros tres testigos de ayer en Rebibbia fueron los abogados Ramón Torres Molina, Eugenio Zaffaroni y Eduardo Duhalde.

El primero era fiscal subrogante el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado y fue detenido horas después, permaneciendo siete años en la cárcel sin causa ni proceso, y padeciendo torturas (shock eléctrico o «picana»).

El segundo era juez federal en esa misma época y declaró ayer que «dos semanas antes del golpe» unos 12 jueces tuvieron que reunirse con Suárez Mason y el ex general Albano Arguindeguy (luego ministro de Interior de la dictadura), quienes pidieron acelerar las causas contra los presos políticos y buscar caminos para incrementar las detenciones.

Duhalde, actual juez en Argentina, recordó la desaparición de casi 130 colegas que defendieron a presos políticos o firmaron «habeas corpus» entre 1975 y 83 y, al igual que todos los testigos de hoy, confirmó el poder absoluto de Suárez Mason y Riveros en sus respectivas zonas represivas.

«En el ‘Campito’ (campo de Mayo, al mando de Riveros) fueron secuestrados y ‘desaparecidos’ Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, abogados asociados a mi estudio», dijo Duhalde.

La izquierda apoya juicio

Walter Veltroni, líder del partido poscomunista italiano, respaldó ayer con firmeza el juicio oral y público contra siete militares argentinos acusados del secuestro, tortura y homicidio de ocho italianos, que se está desarrollando en esta ciudad. «Estoy aquí para testimoniar la atención y el compromiso y para llamar la atención de la opinión pública sobre este juicio», enfatizó el secretario de los Democráticos de Izquierda (DS), poco después de su llegada a Rebibbia, cerca de Roma, donde se realiza el proceso.

Rodeado de las cámaras de la TV italiana, Veltroni abrazó a Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y a Angela «Lita» Boitano, coordinadora de los familiares de italianos desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-83).

«Este juicio habla de Argentina y, en sentido amplio, de tantos casos de personas inocentes asesinadas y de verdades desaparecidas», agregó Veltroni.