El fraude sobrevuela la elección mexicana

En los últimos cinco años, el gobierno destinó unos 1.000 millones de dólares para reformar todo el sistema electoral, no sólo mediante enmiendas legales, sino también en la transformación completa de la principal autoridad en la materia.

El Instituto Federal Electoral (IFE), que anteriormente era controlado por el Ministerio de Gobernación, se convirtió en un organismo independiente, dirigido por consejeros ciudadanos de reconocida credibilidad y reputación y se profesionalizó el trabajo de sus funcionarios.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a hablarse de anomalías en el proceso que se anunciaba como el «más transparente» de los últimos 71 años, desde la fundación del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La prensa reportó, por ejemplo, el hallazgo en el sureño estado de Guerrero, de una bodega con 60 toneladas de despensas y propaganda del oficialismo que acentuó las «suspicacias» de la oposición en torno a la posibilidad de un fraude en las elecciones presidenciales del 2 de julio. Las primeras denuncias sobre irregularidades fueron expuestas recién por grupos de observadores nacionales y extranjeros, que informaron haber visto actos de coacción y compra de votos durante su recorrido por diversas zonas del país.

La Iglesia Católica también elevó su voz para condenar el fraude electoral como «pecado grave» al lanzar una ofensiva con el apoyo de sacerdotes, religiosas y seminaristas para vigilar cualquier anomalía y convencer a los fieles a no colaborar ni directa ni indirectamente con un fraude, porque «ofende a Dios».

El influyente semanario mexicano Proceso expresó sus dudas «sobre la calidad del proceso» y mencionó crecientes denuncias de «compra y coacción del voto, irregularidades en la designación de funcionarios de casilla, desigualdad de las campañas en los medios de comunicación y desvío de recursos públicos con fines electorales».

A pesar de estas denuncias, el presidente del IFE, José Woldenberg, un ex sindicalista que militó en la izquierda, insistió en que es «imposible que haya fraude el 2 de julio».

El candidato del PRI a la presidencia, Francisco Labastida, garantizó a su vez que será la lección «más limpia» de la historia y expuso que «es un loco e irresponsable» el que se atreva a descalificar la legalidad del proceso.

En contrapartida, el representante del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el IFE, Jesús Ortega, denunció los intentos de dirigentes del PRI de «comprar con dinero» a los miembros de su partido. Las dos principales fuerzas opositoras, el PRD y el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), pidieron a funcionarios gubernamentales «que actúen con valor civil, que presenten denuncias» sobre presiones, uso de recursos públicos o humanos a favor de Labastida. El candidato del minoritario Partido del Centro Democrático Manuel Camacho, que suscribió un pacto antifraude con el PRD y el PAN, señaló que habrá una «gran movilización civil» si se detectan acciones fraudulentas tras los comicios.

El 2 de julio han sido convocados unos 60 millones de mexicanos para votar por un presidente, 500 diputados federales y 128 senadores.