Detención de Alderete preocupa a Menem

Uno de los puntos prometidos por la Alianza durante la campaña electoral fue darle un golpe severo a la corrupción donde la Argentina figura entre los más complicados en las mediciones de Transparency International, cuyos análisis son tomados en cuenta incluso por los operadores económicos. Con una Suprema Corte de Justicia que fue muy receptiva con los deseos de Menem, más un cuerpo de jueces, sobre todos los federales, que llegaron a ser acusados por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo como manipulados por el ex ministro del Interior, Carlos Corach, o por la sospecha de que «entre los políticos nunca se condenará a nadie», lo cierto es que hay escepticismo popular sobre la posibilidad de castigo.

La actual administración creó la Oficina Anticorrupción, formada por un fuerte equipo de fiscales que agrega más ojos vigilantes sobre los funcionarios, actuales o pasados, ante los ilícitos y que ha conseguido que la Justicia la acepte como querellante en varios casos que impulsa.

Menem opina que este organismo es una especie de «tribunal especial» y no constitucional, anticipando que dará batalla para que se lo saque del medio cuando su legitimación deba ser decidida por la Suprema Corte.

El ex presidente ha dado respaldo a Alderete quien es su amigo personal y al que le entregó el manejo de la mayor obra social, la de jubilados, con más de cuatro millones de afiliados.

El menemismo no quiere investigaciones

El juez Adolfo Bagnasco lo acusa de haber encabezado durante su gestión en el PAMI, sigla con que se conoce a la obra social de la tercera edad, para favorecer negocios que pudieron haberle significado al erario público cerca de 600 millones de dólares de pérdida, mediante contratos con favoritismos, sobre precios en la tercerización de los servicios o convenios innecesarios y caros, amén de sueldos elevados para personal llamado a la entidad por razones políticas.

El PAMI fue intervenido por Fernando de la Rúa y los funcionarios actuales afirman haber ahorrado cerca de 300 millones de dólares y mejorado la prestación médica y social a los ancianos, una afirmación que entidades de jubilados no aceptan como categórica.

Alderete está alojado en una prisión VIP dependiente de la Gendarmería Nacional y junto a él están ex jueces y personas vinculados a hechos de corrupción o tan oscuros que sería peligroso alojarlos con delincuentes comunes porque podrían ser asesinados.

Por lo pronto el Senado Nacional, controlado por el peronismo, le dio una bofetada al gobierno anulando el decreto-ley que dispuso el recorte de sueldos a un sector del personal estatal como parte de la política oficial de poner en orden y equilibrar las cuentas públicas.

Como la decisión se tomó cuando De la Rúa estaba en los EEUU, nadie dudó en que el bloque de senadores del PJ se pintó la cara, tanto como para exhibir su fuerza como interlocutor indispensable para el diálogo que el gobierno necesita impulsar para hacer bajar la tensión política, como para demostrar su enojo por la prisión de Alderete.

Esto último no es una especulación: la Cámara alta aprobó un reclamo por el proceso al ex interventor del PAMI.

Transparencia política

El peronismo afirma que la Alianza necesitaba de un preso para poder calmar su «ineficacia en atender las necesidades sociales».

Todo puede ser cierto, pero nada lavaría la arraigada sospecha de que Alderete es un paradigma de la corrupción.

El otro caso emblemático es la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, ex conservadora que adhirió a Menem con armas y bagaje y que tuvo en sus manos privatizaciones claves como los teléfonos y la siderurgia y que puede ser el otro caso insignia, habida cuenta de las numerosas denuncias que tiene en los tribunales, desde hace años.

Los casos de corrupción no terminan en estos dos nombres. Son famosas las coimas por el contrato informático provisto por la IBM al Banco Nación, que está virtualmente cerrado y con el juicio oral postergado. O el del contrabando de armas, donde ya hay varios ex funcionarios y militares bajo proceso, entre ellos, el general Martín Balza, anterior jefe del arma.

En un reportaje que ayer le hizo el matutino Página/12, Balza negó otra vez su participación en el contrabando pero sugiere, y aquí está la novedad, que el juez debería llamar a declarar a Menem, en definitiva, la principal firma de los decretos que autorizaron ventas de armas a países que no la habían pedido pero que sirvió de cortina para enviarlas a Croacia y a Ecuador.

Y también en el caso PAMI, una investigación a fondo puede llevar a las oficinas del ex presidente.

Y a la de líderes del peronismo y del radicalismo que pudieron haber usado esa obra social para financiar la política, a cuya trasparencia la Alianza está comprometida.

Se verá.