Jueces cuestionados que ahora aplican las leyes

Es una pregunta recurrente que, en estas horas el menemismo, por caso, lee a su modo: que los jueces están presionados por el Poder Ejecutivo en perseguir a Carlos Menem.

Ya se sabe: dos magistrados han reclamando la detención del ex presidente y su extradición porque se niega a concurrir a declarar en casos de supuestos actos de corrupción. Incluso viejos rivales de Menem, como el matrimonio de Eduardo y Chiche Duhalde, creen que son actos políticos: parece que refleja temor de que, en algún momento, sea él el convocado por los estrados judiciales.

Algunos analistas suponen que en el fuero federal donde se ventilan esos casos se puede producir un proceso de «Mani Puliti», aquel que en Italia removió a los viejos partidos políticos acusados de corruptelas de fuste.

¿Por qué tantas sospechas? Es que los jueces que hoy están a la vanguardia en la investigación de casos de corrupción o en fundamentar con mucha sabiduría que son inconstitucionales disposiciones sobre impunidad que beneficiaron a violadores de derechos humanos.

Casi todos los jueces federales actuales fueron designados en tiempos de Menem y se hizo famosa una figura que se atribuye al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que, aseguró, le habría contado su colega el ex ministro del Interior, Carlos Corach: «Todos nos responden» y dijo, el papá de la convertibilidad, sus nombres fueron anotados en una servilleta de papel.

Pero esos jueces de la servilleta, como Norberto Oyarbide y Jorge Urso, son los que tienen encartado a Menem. O Rodolfo Canicoba Corral, que declaró válida la decisión del Parlamento anulando indultos de Menem o la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Una resolución importante

Ahora otro magistrado de aquella nómina, el juez federal Claudio Bonadío rechazó un pedido del Estado para que sean desalojadas compulsivamente unas 60 familias que usurparon un terreno fiscal ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano.

Dice el juez que darle curso al reclamo de un ente estatal que se ocupa de propiedades fiscales «se estaría criminalizando a aquellos ciudadanos desaventajados y faltos de recursos», al tiempo que instó a diversos organismos oficiales y al Gobierno de la Ciudad a encontrar una solución al problema dentro de los próximos 30 días.

Entre sus argumentaciones, el juez indicó que el Gobierno nacional «ha demostrado tolerancia y ánimo de conciliación en problemáticas socioeconómicas planteadas por movimientos y asociaciones político-sociales, constituyendo una política de Estado la solución pacífica de las controversias de índole social».

Sin embargo «de manera contraria a la política de Estado que pareciera imperar», él reclama para la restitución de terrenos fiscales «judicializa una problemática social». Algo más: abre el camino a la represión, todo lo contrario a no criminalizar las demandas, una norma que se impuso Kirchner frente a las movilizaciones de los piqueteros, por caso.

Además Bonadío precisó que «la contracara de los derechos y garantías proclamados por la Carta Magna y los tratados se traduce en la obligación del Estado a realizar políticas conducentes que aseguren el pleno desarrollo de la individualidad».

En otro párrafo, sostuvo que «en nuestro país, una característica recurrente de la crisis social y el crecimiento sostenido de la pobreza es la problemática habitacional, debido a que el núcleo familiar económicamente débil pierde su vivienda y se ve obligado, a efectos de preservar la integridad de la familia, a instalarse en un lugar no habitado que no le implique gasto alguno».

Conclusión: palos, no, «una solución habitacional definitiva», sí.

Así son las cosas. *