Política y lucha contra el delito

Kirchner lo aclaró expresamente al presentar su Megaplan para abordar el incremento de crímenes, robos y del narcotráfico, que desató reclamos populares y también la utilización de los miedos por sectores de derecha para acotar la política del Gobierno sobre derechos humanos especialmente.

La cuestión se colocó en el primer sitio de la agenda política tras la conmoción que generó el crimen del joven Axel Blumberg y que llevó a su padre, Juan Carlos a liderar un movimiento de opinión que concentró 150 mil personas en un mitin y lleva reunidas más de tres millones de firmas de un petitorio reclamando nuevas normas contra el delito.

El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, explicó el Megaplan contra el delito que contiene profundas modificaciones a la Policía Federal, al Código Penal y del Poder Judicial en lo que hace a los fueros federales e incorpora formas de participación popular en el control de las fuerzas de seguridad.

También ya provoca un duro debate: la de disminuir a 14 años la edad de imputabilidad de los menores; «un horror» dicen legisladores progresistas.

Pero Kirchner-Beliz suponen además necesario reformas educativas, sociales y políticas para erradicar las causas estructurales que han derivado en el aumento de los índices de criminalidad, de la mano de un peligroso crecimiento de la marginalidad y la impunidad.

 

Política y delito

Al incorporar al plan una reforma del modo de financiar la política o incluso la elección de candidatos de hecho se avanza en la idea que el aumento de la inseguridad está relacionado también con caciques políticos lo que es harto visible en el muy poblado Gran Buenos Aires.

En la mayor de las provincias también se ha iniciado otro proceso de reorganización del aparato policial, colocando a esa fuerza bajo el control de civiles y raleando a su última cúpula uniformada.

La virtual desaparición del fuero federal de la Capital Federal, como modificaciones a la justicia electoral provocaron reacciones adversas de los que deberán dar un paso al costado.

En el contenido y en el espíritu de la reforma hay una señal: que la persecución será no solamente a delincuentes menores sino particularmente a secuestradores, narcotraficantes y terroristas, políticos corruptos o empresarios venales.

Además, apunta a acercar la Justicia a los barrios de modo de obtener celeridad y resultados que alienten la confianza de la sociedad en ella.

El plan ha sido presentado como políticas de Estado, y por eso en la ceremonia de lanzamiento estuvieron casi todos los gobernadores de distinta filiación, legisladores, miembros de la Corte Suprema y numerosas ONG. Pero los partidos políticos como tales no han sido convocados, lo que irrita sobre todo a los radicales que suponen que el ninguneo esconde un movimiento hegemónico.

Una de las reformas esperadas es el demorado traspaso de la Policía Federal al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrada por el progresismo. Y hay otra: de aquí a tres años pone en movimiento un cuerpo de policía especial al que podrá movilizar allí donde hiciera falta para restablecer el orden público. O una agencia federal de investigaciones que actuará en cualquier parte del país, por pedido de los jueces jurisdiccionales, un remedo del FBI.

El futuro el área de Investigaciones de la actual Policía Federal, donde también la corrupción hizo estragos, sería un auxiliar de los jueces nacionales con asiento en la Capital y quedaría reducida a su Superintendencia Metropolitana.

Otro tanto ocurre con la administración de justicia sometida a una fuerte reforma. La unificación de los juzgados nacionales, federales y penales económicos en un solo fuero persigue un doble propósito: distribuir en un mayor número de magistrados tanto las causas de mayor impacto político como aquellas por delitos comunes; y contar con un mayor número de juzgados para proceder a su descentralización, de modo tal de ganar en celeridad y confianza.

Se augura que las reformas estructurales en materia de fuerzas de seguridad y de justicia, tal como han sido enunciadas duro forcejeo entre Nación y Provincias de como se financian. Y también sobre la unificación de los códigos procesales o las facultades del cuerpo policial móvil.

Las reformas buscan sin duda poner en sintonía al Gobierno con reclamos de los ciudadanos, tanto por la gravedad de los delitos como por la impunidad. «Por eso no se hacen distinciones entre secuestradores, ladrones de autos y políticos corruptos», escribió ayer La Nación.

Kirchner busca recuperar la iniciativa que para los analistas perdió con los acontecimientos que colocaron la inseguridad y la corrupción policial en un primer plano, dando nacimiento a un liderazgo inesperado de un ciudadano, Blumberg, y al intento de la derecha de manipular los miedos para golpear al Presidente. *