Las detenciones en Guantánamo

La política del gobierno de Bush respecto a esos prisioneros entrará en la agenda de la principal corte del país, que también estudiará la próxima semana la legalidad de las detenciones ilimitadas de dos estadounidenses encarcelados en secreto en una base estadounidense.

«Esos dos casos ponen en cuestión el postulado del Ejecutivo, que dice tener el derecho de determinar como le plazca el estatus de las personas capturadas en el marco de un conflicto y de detenerlos indefinidamente», subrayó Emilio Viano, profesor de derecho de la American University.

Podría convertirse en un acontecimiento histórico en términos de jurisprudencia, explicó, por su parte, Michael Mello, profesor de la Vermont Law School. «Va a ser interesante ver si los jueces consiguen ponerse de acuerdo sobre la definición de los poderes presidenciales en situaciones de guerra, en relación con las libertades individuales», dijo.

Ayer martes, los nueve jueces escucharon los argumentos de las dos partes -ministerio de Justicia contra juristas- para determinar si los cerca de 600 detenidos en Guantánamo -la mayoría desde hace más de dos años- sin haber recibido una acusación formal ni acceso a abogado, tienen derecho a defenderse ante un tribunal estadounidense.

«Es un tema constitucional fundamental: si los tribunales federales van a tener el poder de rever las acciones del Ejecutivo sobre estos temas», explicó Viano.

Los detenidos que no reciben los derechos que brinda el estatus de prisionero de guerra definido por la convención de Ginebra son casi todos presuntos miembros de la milicia talibán de Afganistán o de la red terrorista islámica Al Qaeda.

Numerosas asociaciones de defensa de los derechos individuales denuncian regularmente el «agujero negro» jurídico en el cual se ha caído. «Estados Unidos creó una prisión en Guantánamo que funciona totalmente al margen del derecho», opinaron los juristas del Centro por los Derechos Constitucionales en Nueva York, que representa a varios detenidos a pedido de sus familias.

El Pentágono, por su parte, afirma que las detenciones en Guantánamo pretenden principalmente evitar el retorno «al campo de batalla» de agentes del terrorismo internacional.

«La Corte Suprema debe resolver en favor de los detenidos», sostiene un editorial del diario The New York Times. La política del gobierno de Bush, que considera que pueden permanecer detenidos indefinidamente, es «legal y moralmente equivocada».

Más allá de los argumentos jurídicos, las políticas respecto a Guantánamo son un «error trágico», prosigue el Times. «Seguidas de cerca en el exterior, dañan enormemente la reputación que tiene Estados Unidos en materia de justicia.

Y, como lo ha subrayado un grupo de militares retirados (en una carta dirigida a la Corte), nos perseguirá cuando los estadounidenses sean detenidos». *