Amenazas de largas penas contra piqueteros

Este es el caso más reciente, aunque hay un arrastre de cerca de dos mil acusaciones contra huelguistas o piqueteros que constituyen una amenaza. El gobierno prometió, pero no se cumplió aún, impulsar una legislación para que en estos casos queden sin efecto los juicios potenciales. La novedad es que en sectores judiciales pueden estar oliendo que hoy tienen margen para volver a la carga contra la protesta social.

En el caso actual, a los siete se los acusa, además, de intimidación agravada con explosivos químicos. El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, elevó la causa a juicio a pedido de la fiscalía.

¿Qué dice el juez? Consideró que los acusados infundieron temor público porque quemaron gomas y utilizaron líquidos inflamables cerca de una refinería de Repsol YPF donde había nafta, gas licuado y petróleo.

Los piqueteros procesados, pertenecientes a la Mesa Coordinadora Nacional de Trabajadores de YPF y de Gas del Estado despedidos, adheridos a la CTA, consideraron la medida judicial como una provocación y convocaron a una movilización.

¿Una tendencia? A fines de marzo, Alberto Ibarra, referente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), línea del piqueterismo que reconoce impronta comunista, fue condenado en un juicio oral por uso indebido de pirotecnia en la vía pública, por un juzgado contravencional de la Capital Federal. Ibarra había sido acusado también de bloquear el tránsito durante una manifestación frente a un local de McDonald´s.

Tiempo atrás el piquetero Emilio Alí, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) , había sido condenado en 2000 por extorsión a supermercados durante manifestaciones en las que reclamaba alimentos en Mar del Plata. Fue liberado tras una intensa campaña solidaria.

Tanto Alí como el dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, fueron casos emblemáticos: estuvieron detenidos durante el mandato de Fernando de la Rúa.

Antecedentes peligrosos

Ahora se podría dar el primer caso de condenas a piqueteros en la era Kirchner, aunque el Poder Ejecutivo no tiene injerencia sobre el trámite de la capital de la provincia de Buenos Aires.

Líderes piqueteros bonaerenses han leído la decisión del juez como provocación e intimidación.

Los desocupados que están procesados por interrumpir el tránsito negociaban una indemnización que les correspondía al ser privatizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Una voz de los damnificados sostiene que «el corte había sido dispuesto para presionar a la empresa YPF-Repsol y al gobierno nacional. Cortamos el acceso de camiones, pero no es cierto que usamos elementos explosivos».

«Por supuesto, nos iniciaron una causa judicial. Y no nos pagaron nada», dice el procesado Jorge Germán. .

Fuentes judiciales consideraron que los acusados podrían ser sometidos a penas de entre tres y diez años de prisión. Esto debido a que las amenazas habrían sido agravadas por el uso de explosivos químicos. La causa será evaluada ahora por un tribunal oral en materia criminal. La fecha del juicio no fue fijada.

La novedad transcurre en tiempos en los que se renuevan los reclamos.

No solamente de piqueteros. Choferes de colectivos despedidos, ocuparon con sus vehículos la Plaza de Mayo y hay programas de lucha de corrientes distintas de desocupados organizados.

Todas estas reacciones son atacadas desde diversos sectores conservadores. La pregunta pendiente es cuál será la reacción gubernamental, en tiempos que para combatir la inseguridad en territorio bonaerense se mencionó que se pediría la participación de las FFAA.

Se aclaró que solamente será de provisión de equipos y de cuarteles en desuso para ampliar plazas de detenidos por delitos diversos que hoy abarrotan todos los centros de detención posibles. Pero la sola mención de «intervención» castrense trae recuerdos ominosos. *