La familia Maldonado dijo que el juez admitió que fue extorsionado para cerrar la causa

El juez federal argentino Gustavo Lleral decretó este jueves el cierre de la investigación del fallecimiento del joven Santiago Maldonado, desaparecido durante un operativo de la Gendarmería en el sur del país a mediados de 2017, cuyo cuerpo fue hallado más de dos meses después.

«Nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado», dice el juez en su resolución.

Lleral, titular del juzgado federal de Esquel, provincia de Chubut donde se produjeron los hechos dio por concluido el recurso de hábeas corpus por Maldonado y dictó el sobreseimiento del único imputado en la causa, el gendarme Emmanuel Echazú.

«Los hechos que se presentaron en el presente caso no constituyen delito», dice el fallo.
El magistrado abundó en que «la verdad que rodeó a la desaparición y muerte de la víctima de esta causa (y víctima de todas las manipulaciones espurias que de ella derivaron), es una sola».

“La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”, indica un fragmento de la sentencia.

El fallo asegura que se pudo “dar con la verdad que rodeó la desaparición y fallecimiento de Maldonado” y se refirió a ciertos intentos de “presentar los hechos de un modo absurdamente diverso a su esencia”.

“Negarse a ver al realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira”, dijo.
El fallo del juez llega un día después de que la familia Maldonado denunciara no haber recibido ninguna comunicación con resultados de una supuesta pericia realizada sobre el DNI de Santiago que se publicó en la prensa.

Comunicado de la familia

“Vemos con asombro una vez más, cómo el periodismo y puntualmente la periodista de Infobae tiene acceso a las pericias y dictámenes de la causa, antes que sea notificada la familia”, expresó la familia en un comunicado.

“Estas circunstancias sólo confirman que un sector del periodismo forma parte de las decisiones judiciales, conformando un ataque judicial y mediático que tiene como único fin intimidar a la familia, desinformar y dejar en evidencia la necesidad del Estado de cerrar el caso y garantizar la impunidad a los responsables de la desaparición forzada y muerte de Santiago”, agrega el texto de la familia, publicado antes del fallo final del juez.

El juez dijo que fue extorsionado

Este jueves tras darse a conocer la resolución del juez la familia emitió un nuevo comunicado en el que mantiene su pedido de justicia e informa que el juez Lleral se comunicó con la familia y reconoció que estaba siendo extorsionado para cerrar la causa.

El juez comunicó telefónicamente con Estela, madre de Santiago y según el comunicado le dijo: “’La llamo primero a usted para que no se entere por los medios’, ‘estoy siendo extorsionado’, ‘todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa’, ‘por eso debo hacer esto’, ‘no sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos’, ‘los hechos no configuran delito'; ‘espero que ahora haga el duelo tranquila’.

Estela preguntó: ‘hay alguien preso por la muerte de Santiago?’

El juez contestó ‘por ahora no’

Estela le dijo: ‘no voy a hacer el duelo tranquila, voy a esperar justicia’”.
El texto señala el juez llamó luego a Sergio, hermano de Santiago y le informó que iba a cerrar la causa y le dijo que “obviamente ustedes están en condiciones de hacer lo que ustedes crean conveniente”.

El comunicado de la familia repasa la resolución y los documentos nuevos que incluye y afirma: «la resolución anticipada por Infobae y Clarín en el día de ayer, solo demuestra que estamos ante un crimen de Estado, ante una desaparición forzada seguida de muerte, donde cada una de las personas del Estado que intervinieron desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha en las causas 8232/2017 y 8233/2017, son responsables».

También alerta que la resolución «dictada en el marco del G20, con todas las fuerzas de seguridad desplegadas a lo largo y ancho del país, demuestra que saben de su injusticia y arbitrariedad, que saben de nuestra fortaleza como del acompañamiento del pueblo y que saben que resistiremos»

«Seguiremos luchando como desde el primer día contra la impunidad que impone todo el Estado con sus medios de comunicación. Pero también como desde el primer día, con todas las herramientas que el Estado de Derecho nos garantiza acompañados por la sociedad civil organizada en las calles», concluye el texto.