Brasil: empleo de militares abre debate en el gobierno

El secretario de Seguridad de Río, Anthony Garotinho, se reunió ayer en Brasilia con el ministro de Justicia, Marcio Bastos, a quien le entregó el documento oficial pidiendo apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico en la ciudad, cuyas acciones recrudecieron desde el viernes, con enfrentamientos de facciones rivales en las favelas cariocas.

Aunque en su pedido Garotinho (del Partido Movimiento Democrático Brasileno) explica que «el gobierno del estado estima necesaria una cantidad mínima de cuatro mil hombres», poco después de entregarlo a Bastos el titular de Seguridad aseguró a la prensa que «la situación está bajo control» y que «no es necesario el envío de las tropas».

«Las Fuerzas Armadas tienen una función constitucional y sólo deben ser usadas en esa función o en medidas excepcionales», sostuvo Garotinho, antes de apuntar a la prensa por «exagerar» sobre los enfrentamientos entre narcotraficantes en Río.

«¿Cuál es el problema en Río? ¿Y los seis que murieron ayer en San Pablo? ¿Y los diez que mueren todos los días en las otras capitales?», comparó el secretario.

Por la tarde, el ministro de Justicia entregó el pedido de Garotinho al ministro de Defensa, José Viegas, poco antes de una reunión de los dos funcionarios con Lula da Silva para debatir el tema.

Desde el Viernes Santo, las disputas por el control de los puntos de venta de drogas en la favela Rocinha causaron doce muertes, el éxodo de muchos de sus habitantes, aterrorizados por los tiroteos permanentes, y la suspensión de clases para unos 10.000 alumnos de las escuelas vecinas.

Tras los enfrentamientos, el ministro Bastos decidió el envío a Río del secretario nacional de Seguridad Pública, Luiz Correa, para discutir medidas de combate a la violencia, en una reunión realizada el martes.

Al final de la reunión, Garotinho leyó un documento destinado al gobierno federal, afirmando que «el gobierno de Río de Janeiro decide aceptar la oferta de apoyo de la Unión, en la cesión de sus fuerzas militares, como forma de dividir responsabilidades en el ámbito de la seguridad estadual», al tiempo que dio por sentado el envío de las tropas a la ciudad.

Horas después, el ministro de Justicia rechazó la iniciativa con el argumento de que en los términos de Garotinho la propuesta es «manifiestamente inatendible».

Mientras las autoridades nacionales y estaduales dirimían sus posiciones, el dirigente comunitario de la Rocinha, William de Oliveira, explicó que la población de la favela se impuso a sí misma una suerte de «toque de queda».

«Los vecinos evitan al máximo llegar a sus casas después de las ocho de la noche, y muchos tienen que pedir autorizaciones para salir antes de sus trabajos. Todos tememos que el conflicto recomience en cualquier momento», destacó.

Oliveira también hizo un llamamiento a la policía que ocupa la favela desde el fin de semana, con unos 1.300 agentes, para que «trate a nuestros vecinos con dignidad».

«El pueblo de la Rocinha ya tuvo un largo feriado de terror. La policía tiene que entrar para dar seguridad y no para imponer más miedo entre la gente», alertó el presidente de la Unión de Vecinos de Rocinha, la favela más grande de Sudamérica. *