Bolivia: Ley de Hidrocarburos sometida a referéndum

El nuevo ministro de Hidrocarburos, Xavier Nogales, que asumió el cargo el martes en lugar de Antonio Araníbar, convocó en La Paz a una conferencia de prensa para empezar el proceso de divulgación del proyecto gubernamental.

La iniciativa había sido anunciada por el presidente Carlos Mesa al reestructurar su gabinete.

Según la explicación oficial, el proyecto busca devolver al Estado la soberanía de los yacimientos de hidrocarburos, elevar paulatinamente hasta el 50 por ciento los impuestos que pagan las petroleras extranjeras, fortalecer a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), convirtiéndola en el ente estatal de comercialización, y ofrecer incentivos a la inversión privada para la industrialización del gas en el país. «La propiedad de Bolivia de los yacimientos tiene que quedar absolutamente clara, porque creemos que los hidrocarburos son estratégicos para nuestra economía», afirmó Mesa. Dijo que los yacimientos «deben ser parte de nuestra política interior y nuestra política exterior».

Nogales reconoció hoy que para elevar al 50 por ciento los impuestos que pagan las petroleras extranjeras, «éstas deben entender que Bolivia vive una situación difícil y hacer un esfuerzo para que todos mejoremos».

Esas empresas pagan actualmente 18 por ciento de regalías, más un impuesto sobre utilidades y otro adicional sobre exportaciones, con lo que su tributo total puede llegar al 32 por ciento.

Para elevar las regalías al 50 por ciento, el gobierno propone una escala anual de ajustes sobre la producción, independiente de los volúmenes de exportación.

El sistema tributario vigente fue implantado en el 96 para alentar inversiones que le permitan cumplir sus proyectos de exportación de gas a la Argentina y Brasil.

Las concesionarias extranjeras invirtieron hasta ahora 2.500 millones de dólares para comprobar que Bolivia tiene reservas probadas de 55 trillones de pies cúbicos de gas. Para potenciar al estatal YPFB, se le asigna la tarea de acopio de los hidrocarburos y la potestad de firmar los contratos de exportación como contraparte estatal de las empresas extranjeras, con la facultad de asociarse con éstas para refinación, comercialización e industrialización. El proyecto contempla también incentivos fiscales y tributarios para la industrialización del gas natural en Bolivia mediante la industrialización de plantas de producción petroquímica y sintética de diesel.

Mientras se desarrolla el proceso para la consulta popular del proyecto, con el referéndum convocado para el 18 de julio para aprobar la nueva política energética, el presidente Mesa encargó a YPFB negociar un contrato de venta de gas a la Argentina por un volumen máximo de cuatro millones de metros cúbicos diarios durante en plazo máximo de seis meses. El acuerdo está condicionado a un compromiso argentino de no reexportar el gas boliviano a Chile.

Pero la decisión de venderle gas a la Argentina es todavía resistida por algunos sectores.

La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene su convocatoria a una manifestación para mañana, porque «los trabajadores dudan que se pueda evitar que ese país lo desvíe a Chile», según su secretario ejecutivo. «Fue una torpeza, una ingenuidad y una tontería del Presidente decir que la venta a la Argentina estará condicionada a que no se le venda una sola molécula de gas boliviano a Chile», dijo por su parte el diputado Johnny Antezana, de la Nueva Fuerza Republicana. *