REFERÉNDUM

Irlanda aprueba en referéndum la despenalización de la blasfemia

El 65% de los votantes votó a favor de la eliminación de la Constitución del artículo que considera un delito la blasfemia.

A person counts ballot sheets at the count centre for the blasphemy referendum in Dublin, Ireland, October 27, 2018. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
A person counts ballot sheets at the count centre for the blasphemy referendum in Dublin, Ireland, October 27, 2018. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Irlanda aprobó la derogación del delito de blasfemia de la Constitución a través de un referéndum celebrado el viernes.

Como un 65% de los votos, el «sí» a despenalizar la blasfemia se impuso en todos los territorios irlandeses en una consulta donde participó alrededor del 44% de los habilitados, y que necesitaba de una mayoría simple para ser aprobado.

El referéndum sobre la blasfemia se celebró el mismo día que las elecciones del nuevo presidente irlandés, cuyo mandato de siete años es esencialmente simbólico. El presidente actual Michael D. Higgins, de 77 años, en el puesto desde 2011, fue reelegido con el 56% de los votos, según los resultados definitivos.

La eliminación de la blasfemia tiene un valor más bien simbólico ya que no se ha aplicado nunca en la historia reciente del país, pero se suma a alejar la visión de la población irlandesa como conservadora, debido que recientemente aprobó la despenalización del aborto y en 2015 fue también la ciudadanía la que aprobó el matrimonio homosexual.

«Siempre pensé que no había lugar para una disposición así en nuestra Constitución», declaró el ministro de Justicia Charlie Flanagan. «Irlanda está con razón orgullosa de su reputación de sociedad moderna y liberal», aseguró.

La blasfemia fue definida en la ley irlandesa sobre la difamación como toda declaración o acción «abusiva o injuriosa en relación a los elementos sagrados de una religión», pudiendo causar «la indignación de los fieles».

El artículo 40.6.1 de la Constitución estipulaba su prohibición y una multa que podía ascender hasta los 25.000 euros. La última acción judicial por blasfemia en Irlanda se remonta a 1855 —antes de la independencia del país en 1922— contra un cura que afirmaba haber quemado por accidente una biblia, y que finalmente fue absuelto.

Sin embargo la blasfemia volvió a estar de actualidad en 2015 cuando el actor y director británico Stephen Fry calificó a Dios de «estúpido» por haber creado un mundo lleno de «injusticias», en la televisión irlandesa. En ese entonces se abrió una investigación, pero no derivó en ninguna acción judicial.

Todos los partidos políticos irlandeses, grupos sociales de diversa índole e incluso las iglesias protestantes y católicas habían pedido el voto por la eliminación de dicho artículo, que los dirigentes religiosos habían calificado de «totalmente obsoleto».

Para el Ejecutivo de Dublín su derogación representa un «paso importante» en el camino emprendido por Irlanda para mejorar su «reputación internacional», al tiempo que «daría ejemplo» a los países donde la blasfemia conlleva «la pena de muerte».

«Seguir el ejemplo»

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) por su parte consideró que la despenalización de la blasfemia es un paso positivo para la libertad de expresión, y pidió a todos los países del grupo que sigan el ejemplo.

«Es un paso positivo para la libertad de expresión y felicito al pueblo irlandés por esa decisión», declaró en un comunicado Harlem Désir, representante para la Libertad de Prensa de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Désir llamó a los 16 países de la OSCE donde la blasfemia sigue siendo un delito a seguir el ejemplo de Irlanda ya que, afirmó, ese tipo de leyes «son incompatibles con las normas internacionales sobre libertad de expresión».

Entre los socios de la OSCE en los que aún existen leyes que criminalizan la blasfemia o los insultos a la religión se cuentan Austria, Canadá, República Checa, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Kazajistán, Malta, Montenegro, Polonia, San Marino, España, Turquía y Reino Unido.

Según Désir, incluso si no se aplican en la práctica, este tipo de prohibiciones tienen un efecto negativo en el «libre intercambio de ideas e información y pueden ser utilizadas para reprimir el discurso crítico dentro y más allá de la región OSCE».

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