Ahora se busca en Argentina: ¿dónde están los desaparecidos?

Ahora que se ha encaminado el rumbo que conduce a acabar con la impunidad, renace la gran reivindicación: conocer el paradero de los detenidos-desaparecidos durante los años de la dictadura.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, anunció en París que pedirá al presidente Néstor Kirchner la apertura de los archivos de todo lo actuado por las FFAA relacionado con la represión que llevó en los ’80 a la condena de los comandantes militares. Ahora, con la derogación de barrera legales, se han reabierto causas contra los violadores a los derechos humanos.

La «doctrina» militar, hasta ahora, es negar la existencia de archivos, porque todo fue incinerado cuando las FFAA se vieron obligadas a dejar el poder al abrirse el proceso de normalización institucional en 1983, sostienen.

Pero para Carlotto, estos documentos «existen y están en alguna parte». «Esos archivos, cuando aparezcan, darán una respuesta sobre lo que ocurrió con nuestros hijos y nuestros nietos», dijo en Francia. Además expresó su reconocimiento al gobierno de Kirchner, al afirmar que «en un cortísimo tiempo ha resuelto graves problemas respecto de la violación de los derechos humanos».

«Ha tenido el valor de decir que ciertas leyes eran inmorales, y eso nos llena de esperanza porque vemos que es un hombre abierto a los ciudadanos».

Carlotto y otras dirigentes de Abuelas que participaron de una reunión sobre derechos humanos organizada por las Naciones Unidas, destacaron que «antes éramos detectives que nos paseábamos día y noche con fotografías de nuestros nietos, pero ahora queremos que los jóvenes con dudas sobre su identidad vengan hacia nosotras y sepan que podemos ayudarlos».

 

El camino judicial

Con el propósito de saber qué pasó con los detenidos-desaparecidos, la Fiscalía federal que instruye la megacausa ESMA prepara una ofensiva para investigar y procesar a los marinos que protagonizaron los llamados «vuelos de la muerte» para arrojar al mar a decenas de desaparecidos dopados desde aviones militares.

«El objetivo es dar una idea definitiva de cómo ocurrieron esos vuelos, quiénes participaron y quiénes los organizaron, y para eso se está haciendo un relevamiento de todos los testimonios y legajos disponibles sobre eso en la causa», confirmaron a «La Nación» funcionarios del Ministerio Público.

El fiscal federal Eduardo Taiano incluirá dentro de su requerimiento al ex marino Adolfo Scilingo, actualmente en España, procesado por estos hechos por el juez Baltasar Garzón Real. Scilingo se autoinculpó en esa práctica. También se citará al legislador electo fueguino Juan Barrionuevo, que se desempeñó como enfermero de la Armada y habría colaborado en aquellos vuelos. Barrionuevo ya está procesado en la causa ESMA desde principios de marzo último. Era «uno de los enfermeros que aplicaban el Pentonaval para los vuelos de la muerte», según relatos en el expediente.

Scilingo es el único militar que reconoció su participación en aquellos vuelos, en una confesión que le hizo al periodista Horacio Verbitsky, transcriptas en el libro «El vuelo».

 

Rodolfo Walsh

En rigor, la Cámara Federal en pleno ordenó en marzo de 2002 abrir una causa penal para investigar a los responsables de esos vuelos. Taiano también prepara otras sendas de investigación por la desaparición y muerte del escritor y periodista Rodolfo Walsh y por la apropiación de inmuebles de desaparecidos, y comenzó a evaluar un futuro pedido de inconstitucionalidad de dos indultos concedidos a militares por el ex presidente Carlos Menem.

Walsh fue asesinado cuando se defendió de un secuestro de una fuerza de tareas de la Armada el 25 de marzo de 1977, luego de remitir su famosa carta a la Junta Militar donde denunciaba las atrocidades con precisión memorable. Varios testimonios prestados ante la Conadep (Comisión Nacional de Desaparecidos) coinciden en que el periodista llegó muerto a la ESMA, donde también fueron vistos algunos documentos y escritos personales.

El fiscal Taiano también prevé abrir otro frente de investigación por los crímenes cometidos bajo la órbita de la ESMA. Apuntará a los responsables por las muertes de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos en la parroquia de San Patricio, en Belgrano, en julio de 1976. Un sospechoso por esos crímenes, el general (r) Jorge Olivera Rovere, acaba de ser detenido al declarar inconstitucional el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, el indulto con que fue protegido por Menem en 1990.

Nada se detiene. *