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La justicia chilena excarceló a 7 represores condenados por delitos de lesa humanidad

La resolución de la Corte Suprema de Justicia fue rechazada por organismos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura de Pinochet.

La justicia chilena excarceló a 7 represores condenados por delitos de lesa humanidad
La justicia chilena excarceló a 7 represores condenados por delitos de lesa humanidad

La Corte Suprema de Chile otorgó la libertad condicional a siete ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que cumplían condena por delitos de lesa humanidad en los penales de Punta Peuco y colina 1, al norte de Santiago de Chile.

La Corte chilena concedió una primera medida este martes que benefició a cinco condenados, y una segunda el miércoles que favoreció a otros dos represores.

La II Sala Penal de la Corte Suprema de Chile tomó esta medida luego de acoger los recursos de amparo presentados por los abogados de los detenidos. Los magistrados de la sala argumentaron su decisión alegando que las convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos: “las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional”, expresa la resolución.

Hugo Dolmestch, expresidente de la Corte y actual ministro e integrante de la Sala Penal que aprobó la mencionada medida, defendió su accionar ante las críticas y afirmó: “siempre hay alguien que no queda conforme. El hecho de hacer justicia es una cosa muy difícil y cada cual tiene un concepto de lo que es justo y de lo que no lo es”.

Entre los favorecidos se encuentra Moisés Retamal, quien estaba condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos en 1973; y el exbrigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años por complicidad y encubrimiento en el asesinato de opositores de la dictadura, ambos liberados el miércoles.

Mientras que el martes habían obtenido el beneficio el suboficial de Carabineros Gamaliel Soto Segura; el coronel Manuel Pérez Santillán y los ex oficiales del Ejército, José Quintanilla Fernández, Hernán Ernesto Portillo Aranda y Felipe Luis González Astorga.

Rechazo y movilización

Tras la resolución organizaciones de derechos humanos se manifestaron en Tribunales y entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que manifestaron la incongruencia entre la libertad condicional otorgada a violadores de derechos humanos, y los convenios y acuerdos que Chile ha firmado en la materia.

“El hecho de que a 28 años del fin de la dictadura sigamos buscando a nuestros desaparecidos y que la mayoría de los perpetradores no hayan sido juzgados, o hayan sido condenados tardíamente a penas que no se condicen con el horror de sus crímenes, es prueba suficiente para demostrar que las condiciones para evaluar beneficios carcelarios en Chile no están dadas”, expresa el texto.

Uno de los abogados especializados en derechos humanos, Roberto Ávila, calificó el fallo de la Corte Suprema de ilegal, ya que recordó que un requisito fundamental para que los condenados puedan acceder a beneficios es el arrepentimiento y rehabilitación, algo que ninguno de los siete exuniformados ha demostrado.

En ese sentido consideró que la liberación de estos “siete genocidas” es el comienzo de una impunidad generalizada amparada por los jueces, a quienes acusó de emitir los fallos sabiendo de su ilegalidad.

“No nos olvidemos que existe, en el Código Penal, la figura de la prevaricación, es decir, cuando los jueces o autoridades administrativas dictan resoluciones manifiestamente ilegales y a sabiendas de esto. Aquí hay un proceso destinado a establecer la impunidad. Yo no sé si las organizaciones de derechos humanos iniciarán acciones legales o simplemente declarativas en contra de quienes han permitido esto, y si nadie lo hace, en algún momento algunos lo haremos”, expresó.

Por su parte la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifestó su indignación con el fallo de la justicia chilena, principalmente por el hecho de que los favorecidos no han mostrado cuota de arrepentimiento y no han colaborado con las investigaciones, sino que muy por el contrario, se jactan de sus actos.

“No tienen ninguna empatía con las víctimas que hicieron desaparecer, ejecutar o torturar. No han tenido nunca un grado de arrepentimiento, ni siquiera un grado de humanidad, cuando saben que seguimos luchando por la verdad y la justicia, cuando saben que miles de personas siguen buscando a sus familiares, por lo menos los restos, para poder sepultarlos”, expresó.

Mientras que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, calificó el fallo como “gravísimo”, y apuntó a que, con la decisión de la justicia, Chile viola todos los acuerdos y tratados internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos.

“La Corte Suprema chilena no solo ha cometido un descaro, no solo se hace cómplice de la impunidad, sino que lo que está haciendo hoy es incumplir tratados internacionales. Somos un país que nos jactamos de ser parte de la comunidad internacional en los planos económicos y de derechos humanos, por eso, lo ocurrido esta semana es gravísimo, porque lo que finalmente está pasando, es que las chilenas y los chilenos estamos en la más absoluta indefensión”, señaló.

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