Bolivia: cientos de mineros amenazan con suicidios masivos

«Estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas si el gobierno no cambia la actual Ley de Pensiones. El compañero que murió sólo exigía sus derechos, al igual que mis compañeros, que tienen más de 20 años de trabajo en las minas, muchos de los cuales están ya escupiendo sangre», declaró hoy Félix Condarco, máximo dirigente de la Asociación de ex Trabajadores Mineros, que tiene 2.500 afiliados.

El secretario de prensa de esa asociación, Luis Mamani, informó a su vez que centenares de ex trabajadores de las minas «están viniendo (a La Paz) de todas partes y vamos a tomar decisiones individuales o colectivas de sacrificio».

El presidente Carlos Mesa instruyó el inicio inmediato de negociaciones, después de dirigir un mensaje al país en el que dijo que el incidente fue un acto individual que no compromete la estabilidad social ni democrática.

La actual Ley de Pensiones creó en 1996 el sistema de capitalización individual, en lugar del de aporte solidario que financiaban los trabajadores activos en favor de los pasivos, y elevó la edad de jubilación de 50 y 55 años a 60 y 65 para las mujeres y los hombres, respectivamente. Pero hubo un gran sector, «la generación sándwich», que no pudo jubilarse por ninguno de los dos sistemas, ya sea por falta de aportes o de edad.

El Estado asumió los pasivos del sistema anterior. Para cubrir esa obligación, recurrió hasta ahora a préstamos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del nuevo sistema.

El pago de esas pensiones y los intereses que paga a las AFP representan más del 40 por ciento del déficit fiscal del 8,5 por ciento que tiene ahora congelada la economía nacional.

La inmolación de Eustaquio Picachuri Coñaca, de 47 años, ex trabajador de las minas de estaño, se produjo el martes en un acceso lateral del Congreso, a 50 metros del Palacio Presidencial, tras dos horas de infructuosas negociaciones para que desista.

«Me sacan, me mueven y se mueren. No soy asesino. No soy terrorista, pero estoy dispuesto a morir. Lo único que quiero es que me devuelvan mi plata», les había advertido Picachuri al coronel de Policía Marbel Flores González y al cabo René Amurrio Mercado, del cuerpo de seguridad del Congreso, antes de detonar los explosivos.

Los tres murieron en el acto. Otros diez policías que los rodeaban quedaron con heridas graves, y hubo también importantes destrozos materiales.

Picachuri exigía la devolución de los aportes que habían hecho él y un hermano suyo fallecido en 1992 durante su vida laboral, y una pensión para su ex cónyuge. Las demandas estaban fuera del marco legal anterior y actual.

Minutos antes se había hecho desalojar a toda la gente que estaba en el edificio, donde los diputados interpelaban a los ministros de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, y de la Presidencia, José Galindo. *