Dos meses de protestas en Nicaragua y un diálogo que avanza lento

Este lunes se cumplen dos meses desde que se iniciaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

Las movilizaciones comenzaron en abril a raíz de una reforma en la seguridad social, la cual fue retirada por el Gobierno a los pocos días debido a la intensidad de las protestas y la cantidad de heridos y muertos en las mismas, sin embargos los manifestantes, en su mayoría estudiantes, aseguraron que se mantendrían en las calles para exigir la salida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Desde entonces el país vive su crisis más sangrienta desde la década de 1980, cuando también gobernaba Daniel Ortega, un exguerrillero de 72 años que lideró la revolución sandinista contra la dictadura somocista y que retornó al poder en 2007.

Según reporta la prensa local al menos un muerto y cuatro heridos dejaron este domingo las protestas contra el Gobierno y ya son casi 200 las personas que han perdido la vida en el marco de las manifestaciones.

Este domingo también se dio el último adiós a seis miembros de una familia de Managua que murieron quemados durante un incendio provocado por encapuchados y que ha conmocionado a Nicaragua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las organizaciones más importantes del país, acusó directamente a las “fuerzas parapoliciales en complicidad con la Policía Nacional” del hecho y denunció a través de un comunicado que los responsables de la masacre impidieron a las víctimas salir del inmueble durante el fuego.

“La gravedad de estos hechos ha estremecido a la población nicaragüense y revela un escalamiento de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, afirmó el Cenidh.

Diálogo

El diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y la oposición se reanudará este lunes, luego que se conformaran dos mesas de trabajo para debatir las reformas jurídicas y electorales propuestas por los obispos para superar la crisis, que implican un adelanto de las elecciones para marzo de 2019.

Las partes constituyeron la Mesa Electoral y la Mesa Judicial, integradas cada una por 3 representantes del Gobierno y 3 de la Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los universitarios, empresarios, miembros de la sociedad civil y campesinos.

Las mesas tendrán que discutir la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis, que incluye la celebración de elecciones el 31 de marzo de 2019, la renuncia de los miembros del Poder Electoral y una nueva ley de partidos políticos, entre otras medidas.

Enrique Sáenz, un disidente del gobernante sandinismo dijo a la AFP que el diálogo, reabierto el viernes, “abre la posibilidad, al menos teóricamente, de tratar el tema de la democratización”, cuyo alcance dependerá de la voluntad de Ortega de cumplir con los acuerdos.
El plan contempla trabajar en la separación de los cuatro poderes del Estado, actualmente controlados por aliados de Ortega, principalmente el Consejo Supremo Electoral.

El mandatario ha expresado su disposición de trabajar por la democratización, pero no se pronunció sobre la eventual reducción de su mandato que expira en enero de 2022.

En las conversaciones el gobierno aceptó invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea a observar la situación de violencia y represión, pese a que se había opuesto inicialmente.
Para el sociólogo y analista Oscar René Vargas «lo que Ortega está haciendo es ganar tiempo” en la mesa de diálogo, mientras trata de cambiar la correlación de fuerzas a su favor, aumentando los niveles de represión contra los manifestantes.

Mientras que Enrique Sáenz consideró que la visita “de organizaciones internacionales de credibilidad como la CIDH” permitirá “mostrar descarnadamente la realidad que está viviendo el pueblo nicaragüense por la represión del régimen”.