Kirchner quiere volcar el Partido Justicialista hacia la izquierda

Según esos voceros, Kirchner «está dispuesto» a romper amarras con la estructura del Partido Justicialista, en un intento por forzar la renovación de los tradicionales caudillos peronistas, que hace apenas diez meses apoyaron su candidatura presidencial.

«El presidente no puede estar parado en el mismo sector que un puñado de dirigentes que gobiernan de espaldas a la gente», señalaron los voceros oficiales.

La apuesta de Kirchner desde que asumió el gobierno el 25 de mayo de 2003 es la construcción de un espacio propio de centro izquierda, por afuera de la estructura partidaria, que siempre le fue esquiva y solo aceptó su candidatura presidencial ante la necesidad de cerrarle el camino al ex presidente Carlos Menem.

Sin embargo, Kirchner y el partido peronista habían convivido pacíficamente hasta el presente y los legisladores oficialistas aprobaron sus proyectos de leyes, con una disciplina absoluta.

Ese clima de convivencia estalló la semana pasada cuando los jefes provinciales del peronismo no pudieron asistir al acto durante el cual el ex centro de detención ilegal de la ESMA fue transformado por Kirchner en el Museo de la Memoria, a riesgo de ser repudiados por la concurrencia.

Dos días después, el estallido fue aún más virulento durante el Congreso Nacional Justicialista que abucheó a la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner -esposa del presidente argentino- tratada de «infiltrada», término que en la década del 70 la derecha peronista utilizaba para descalificar a la oposición interna.

Hilde «Chiche» Duhalde, esposa del ex presidente Eduardo Duhalde, cuyo apoyo fue fundamental para que Kirchner ganara las elecciones del 2003, fue la encargada de contestar las críticas de Cristina Fernández durante el congreso partidario, recibiendo, por el contrario, aplausos y expresiones de aliento.

«Estamos en un punto de inflexión», admiten voceros kirchneristas y duhaldistas, que por primera vez desde que Kirchner asumió la presidencia, expresan con nitidez dos proyectos políticos disímiles.

La gravedad de las heridas provocadas por la confrontación entre Kirchner y el Partido Justicialista se reflejarán a partir de mañana en el Congreso Nacional, que deberá aprobar el pedido de intervención federal a la provincia de Santiago del Estero (1.150 kilómetros de Buenos Aires), un feudo de Carlos Juárez, octogenario dirigente histórico del peronismo.

El bloque peronista tiene mayoría propia con 130 legisladores sobre 257, pero apenas una veintena se reivindica como «kirchnerista».

En Santiago del Estero existe un régimen político semifeudal prohijado desde la década del 40 (salvo durante los gobiernos militares) por Carlos Juárez y su esposa, la actual gobernadora Nina Aragones.

Juárez, así como apoyó en el pasado al ex presidente Carlos Menem, fue de los primeros caudillos provinciales que se sumó a la candidatura presidente de Kirchner, por pedido de Eduardo Duhalde.

La intervención federal a Santiago del Estero era reclamada desde hace tiempo por la oposición política y organismos de derechos humanos, ante los abusos policiales y la ausencia de justicia, tal como pudo comprobar el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Santiago del Estero ha sido sacudida durante el último año por la muerte de dos jóvenes mujeres (supuestamente durante una fiesta con drogas en la que participaron funcionarios de gobierno), actos de corrupción y hechos de espionaje del que no se salvó ni el obispo de la provincia, Juan Carlos Maccarone.

Pero, además, Juárez ha sido denunciado ante la justicia por su complicidad con la desaparición de alrededor de cincuenta militantes opositores entre 1974 y marzo de 1976, mientras ejercía la gobernación de Santiago del Estero.

Fuerzas opositoras como el ARI, la UCR de los ex presidente Raúl Alfonsín y Fernando de la Rua, Izquierda Unida y organismos de derechos humanos, venían solicitando desde hace tiempo la intervención de esa provincia, una de las más pobres del norte argentino.

«Hasta la semana pasada había consenso en el bloque sobre la necesidad de intervenir Santiago del Estero, pero después del Congreso partidario, hay que ver como repercute la crisis», admitieron algunos de los jefes parlamentarios del peronismo.

La otra interna en la que Kirchner confrontará con su partido comenzará el miércoles venidero, cuando la CGT (la principal central sindical del país) emprenda su proceso normalizador, que finalizará a mediados de mayo.

La otrora poderosa CGT, brazo sindical del peronismo, se encuentra dividida desde hace un lustro en dos sectores, cuando el apoyo incondicional a las políticas privatistas de Menem provocó una ruptura.

El sector oficialista ahora apuesta a la nominación de Alfredo Atanasof, ex ministro de Trabajo y ex jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde (enero 2002-mayo 2003), en un intento por maquillarse ante una sociedad que ha repudiado en infinidad de veces a la desprestigiada conducción de la CGT. *