POLÉMICO

Vídeo viral realizado en Uruguay causa furor en Costa Rica ante elecciones presidenciales

En una suerte de "falso documental", este costarricense residente en Montevideo habla de lo "inhabitable" que es nuestro país desde que se aprobó el matrimonio igualitario, el aborto o se despenalizó el consumo de cannabis. El vídeo ha causado polémica tanto en Uruguay como en Costa Rica.

“Desde que se legalizó el aborto, la rambla de Montevideo se convirtió en un cementerio de chiquitos abortados”, dice una parte de este sarcástico vídeo realizado por el productor audiovisual costarricense Carlos Loría, quien reside en Montevideo hace cuatro años.

Dicho vídeo (en su versión original) se volvió viral en seguida y fue reproducido más de 1.3 millones de veces. Medios de todo el país lo replicaron y dio de que hablar en prácticamente todas las redes sociales.

A todas luces, desde las imágenes que usa, hasta el lenguaje del guión y las apocalípticas noticias que supuestamente difunde en los primeros tres minutos del vídeo, se trata de un trabajo cargado de sátira y humor negro, dirigido a la audiencia de su natal Costa Rica, que vive un complicado momento político.

Fake news versus estadísticas

LARED21 tuvo la oportunidad de conversar con el joven realizador, quien se desempeña en ese rubro en nuestro país. “Para que quede claro, la primera parte del vídeo que realicé la hice en tono irónico, para que mis compatriotas costarricenses despierten de la ceguera que les han ocasionado los que tienen el poder”, afirmó.

“La intención es mostrar a Uruguay, en donde elegí vivir hace más de 4 años, como ejemplo en América Latina y el mundo por los logros sociales que menciono, y mostrarles a los costarricenses el atraso que implica desde mi punto de vista la visión del candidato presidencial Fabricio Alvarado, cuyo discurso es de ultra derecha, de un extremismo religioso insultante, además de que ha creado una grieta social. Esto fue lo que me motivo a realizar este vídeo. En abril se decide el futuro de mi país, y sería un grave error y un retroceso que gane el miedo en lugar del progreso en Costa Rica”, reflexiona Loría. 

“En la segunda parte, después de un contundente ‘pongámonos serios’, contrasté las fake news (noticias falsas) con evidencia estadística que comprueba, por ejemplo, que en Uruguay se realizan 10.000 abortos legales al año, mientras que en Costa Rica, donde es ilegal y penado con cárcel, se realizan más de 27.000, según datos de la Asociación Demográfica Costarricense”, agregó.

En su conversación con LARED21 también se refirió a las estadísticas del IRCCA, que demostraron que en Uruguay el consumo de marihuana se da mayormente en personas mayores de 35 años, “contra lo que algunos sectores conservadores han afirmado”, dijo. “En Costa Rica, cualquier tipo de posesión o consumo (recreacional o medicinal) está penado con cárcel. La persecución contra el cannabis es horrible”, concluyó.

El complejo contexto

Costa Rica vive un momento determinante en su realidad política. El pasado 4 de febrero se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas en el país centroamericano.

En los primeros dos lugares quedaron Carlos Alvarado, del partido PAC (oficialista) que se posiciona como centro izquierda y socialista en el espectro político.

Junto con él (y en el primer lugar) quedó Fabricio Alvarado, un cantante y predicador evangélico con posiciones radicales de ultra derecha. Su retórica violenta contra la colectividad LGBTI, el matrimonio igualitario, el aborto y la fecundación in vitro, lograron capturar el voto de la ciudadanía más conservadora. El 60% de los costarricenses es de religión católica, y más del 25% asisten a iglesias evangélicas neopentecostales.

Los dos candidatos que comparten el apellido pero que no son parientes entre sí, se disputarán la silla presidencial el próximo 1° de abril en el balotaje.

Loría también pudo constatar que algunas versiones alteradas no autorizadas de su vídeo circularon por las redes sociales, por lo que decidió hacer una aclaración pública para dejarlas en evidencia, no sin antes advertir que la alteración de su trabajo incurre en los delitos de difamación y uso ilegítimo de propiedad intelectual.

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