El ex dictador Ríos Montt debe enfrentar la Justicia

El juez Víctor Hugo Herrera ordenó el lunes abrir proceso judicial contra Ríos Montt, de 77 años, al considerar «su probable participación en tres delitos: homicidio preterintencional, coacción y amenazas». Por el primero puede enfrentar pena de cárcel de dos a 10 años.

Ríos Montt podría ser llevado a juicio por haber organizado a miles de seguidores suyos que protestaron de forma violenta el 24 y 25 de julio de 2003 para exigir que se le permitiera inscribirse como candidato presidencial en las elecciones de noviembre de ese año.

Durante el primer día de protestas, murió de un paro cardiaco el periodista Héctor Ramírez de 60 años mientras era perseguido por encapuchados.

El juez Herrera también ordenó arresto domiciliario para el ex dictador y confirmó una orden de arraigo (prohibición de salir del país), que le había impartido el viernes.

«A pesar de que la investigación con que contamos aún es muy pobre, es el inicio de una investigación y la posibilidad de que a él pudiera en algún momento llegar a ligársele o vincularse en la comisión de estos hechos», advirtió Herrera.

El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas, dijo a la AFP que «aunque sean pequeños pasos, es importante que se lleve adelante el proceso, se haga una buena investigación para sentar responsabilidades y quitar ese privilegio de intocable que tenía» Ríos Montt.

«Esperamos que esto sea la base para que también se pueda sentar sanción (penal) para los delitos de genocidio y violaciones a los derechos humanos que cometió durante su gobierno dictatorial, y que se demuestre a través de la justicia que esas personas ya no tienen privilegios», apuntó Rodenas.

El general retirado también enfrenta otra demanda por el delito de genocidio, el que habría cometido cuando gobernó el país con mano de hierro (1982-83), causa que está en investigación por la Fiscalía.

El activista del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, Miguel Albízures, lamentó el inicio de este proceso, mientras en «el caso de las masacres en los 80 cuando él era Jefe de Estado (de facto), la Fiscalía no ha pedido que se abra a juicio».

La dirigente de la Fundación Myrna Mack, Carmen Ibarra, advirtió que «este es un caso político que significa no tocar el tema de impunidad de militares».

Ríos Montt fundador del Frente Republicano Guatemalteco (FRG, derecha) es investigado por la Audiencia Nacional de España, por una denuncia de la Premio Nobel de la Paz 1992, la indígena Rigoberta Menchú, por al menos tres delitos, incluido genocidio, pero la autoridad española la limitó solo a la muerte de ciudadanos españoles en Guatemala.

Después de escuchar una declaración de Ríos Montt, quien se proclamó inocente, el juez Herrera fijó un plazo de seis meses para «profundizar las investigaciones».

Esta es la primera vez que Ríos Montt acude a un tribunal a declarar, tras haber perdido la inmunidad el 14 de enero, cuando concluyó su período como diputado y presidente del Congreso. Actualmente se desempeña como asesor de los diputados del FRG.

Por el mismo caso están sujetas a investigación otras siete personas, incluidos el ex ministro del Interior, Adolfo Reyes, el ex jefe de la Policía Nacional Civil (PNC), Raúl Manchamé y el ex diputado del FRG, Jorge Arévalo, quien fue fotografiado encapuchado, también dirigiendo a los revoltosos. *