¿Libertad de expresión o libertad de discriminación?

Hace algunos días se convirtió en noticia en los medios de comunicación venezolanos y en tendencia en las redes sociales la apertura de una investigación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra el programa radial Calma Pueblo, transmitido de lunes a viernes entre las 6 y las 9 de la mañana por la Mega 107.3 FM, bajo la conducción de Verónica Gómez Pino, José Rafael Guzmán y Manuel Silva.

«Es imperativo comprender que la libertad de expresión no supone la libertad de discriminar con impunidad»

El programa fue suspendido de manera indefinida y se abrió un proceso administrativo sancionatorio contra la emisora. La medida responde a los comentarios que la animadora Verónica Gómez le realizó a un niño de 7 años de nombre “Alejandro” durante una llamada telefónica desde Margarita, entre ellos destacan aquellos en los que se le interpela a definir su posición política, se le interroga sobre la crisis económica, y finalmente donde es calificado como “gay”; por lo cual la medida se ampara en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en la que se prohíbe la difusión de mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia; y los mensajes que promuevan la discriminación, especialmente aquellos donde los niños, niñas y adolescentes sean objeto de burla, ridículo o desprecio.

Verónica: ¿Y tu mamá consiguió gasolina? Porque dicen que no hay gasolina en Margarita, ¿eso es verdad, Alejandro? ¿Hay colas horribles para poner gasolina? ¿Alejandro y que te parece eso a ti viniendo de un país petrolero?

Niño: No sé.

Verónica: ¿Alejandro, cuál es tu postura política? ¿Tú eres opositor o eres oficialista? ¿Quieres ser como Messi o como Ronaldo?

Niño: Ronaldo.

Verónica: Ah gay, bueno… Ah el niño gay, que quiere ser como Ronaldo. Bueno a sacarle las cejitas, vamos a sacarte las cejitas.

Ahora bien, ante este episodio las reacciones no se hicieron esperar; sin embargo, veo con preocupación que la mayoría de los pronunciamientos se han situado en la polarización política, concentrados en señalar o defender a los locutores, pero pocos parecen preocupados por el verdadero problema: el mensaje, ese que sigue considerando lo “gay” como un chiste. El problema no es la tendencia política de los animadores, de la emisora o lo parcializado de las medidas emitidas por el órgano de competencia, el problema radica en que los medios de comunicación son sin lugar a dudas uno de los principales agentes de socialización y comentarios de esa naturaleza se constituyen como una licencia para estereotipar, cuestionar y ridiculizar a todo aquel asumido o considerado gay.

Estos hechos no son casuales, son una evidencia del predominio de una visión heteronormada de la sociedad, en la que todo aquel que no responda al binomio hombre-mujer y no se adecúe al mandato heterosexual es reducido, inferiorizado, convertido en burla, excluido, cuestionado, estereotipado. Esto tampoco es una novedad, durante décadas en Venezuela la libertad de expresión y el “humor” han sido utilizados como justificación para la construcción de otredades, la transmisión, difusión y propagación de prejuicios y estereotipos sexistas, racistas, clasistas, así como, homofóbicos y transfóbicos.

Los medios de comunicación en sus contenidos se han caracterizado por estereotipar a la población Lgbti, anormalizándolos, patologizándolos, ridiculizándolos y caricaturizándolos para “entretener” a los “normales”, lo cual ha contribuido a legitimar y mantener múltiples formas de discriminación. Por ello, es imperativo comprender que la libertad de expresión no supone la libertad de discriminar con impunidad, los medios de comunicación y los generadores de contenidos tienen responsabilidades que no pueden ser obviadas ni evadidas; no obstante, los esfuerzos deben orientarse a exigir que todos los sujetos, programas y medios de comunicación con independencia de su posición política sean investigados y sancionados ante la emisión de contenidos estereotípicos y discriminatorios, pues la garantía de derechos de la población Lgbti debe ser permanente, constante, oportuna, efectiva y eficiente, no puede ni debe ser selectiva y coyuntural.