Gobierno español quiere evitar a toda costa el referendo de Cataluña
El Gobierno central de España hará todo lo que pueda para evitar que se lleve a cabo el referendo secesionista que impulsa el Gobierno local de Cataluña. Acusan a los independentistas de "sedición".
El referendo independentista impulsado por el Gobierno de Cataluña sigue siendo considerado ilegal por parte de la administración nacional de Mariano Rajoy. Sin miramiento alguno, el Ministerio del Interior enviará refuerzos a la Policía catalana, llamada Mossos d’Esquadra, que ya de por sí tienen órdenes de impedir la votación prevista para este 1° de octubre.
Aún no se precisó cuántos efectivos policiales serán despachados hacia la comunidad autónoma, pero ya están en el puerto de Barcelona tres transbordadores que servirán de alojamiento a los oficiales.
«Lo que hemos visto estos días son movilizaciones tumultuarias», apuntó el portavoz de la administración Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, intentando justificar el desplazamiento de policías hacia Cataluña, una región con 7.5 millones de habitantes y una potente economía con potencial para ser autosuficiente.
Madrid denuncia «sedición»
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid sostiene que los catalanes están cometiendo «sedición» (levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo). Esta acusación surge tras las protestas del miércoles pasado contra las operaciones policiales en Barcelona, en las que sucedieron cruentos enfrentamientos entre manifestantes y efectivos.
El concepto del «tumulto» es precisamente uno de los factores que el Gobierno nacional está considerando para acusar de sedición. Por su parte, los independentistas rechazaron en seguida los señalamientos de Madrid, afirmando que desde el Poder Ejecutivo de Rajoy se está creando un falso relato.
«Las manifestaciones son absolutamente cívicas, pacíficas y alegres, nada que ver con un tumulto», manifestó a la prensa el portavoz del gobierno regional Jordi Turull.
Tras los altercados del miércoles los ánimos se han caldeado exponencialmente y las protestas proliferan en distintas zonas de la comuna. Fueron detenidos 14 líderes políticos, la administración regional sufrió una intervención económica y se incautaron numerosos materiales electorales necesarios para la realización del referendo.
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